Oposición quiere fiscalizar desde el Pleno y Alianza País tiene dudas

El próximo martes, el Presidente de la Asamblea convocaría a la continuación del segundo debate de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendido el 21 de julio. El meollo es definir el rumbo de la fiscalización.

'Evitar la cacería de brujas'

Paola Pabón
Su experiencia. Por segunda ocasión integra la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización.
Su punto de vista. De modo personal, opina que el Pleno debiera votar sobre un informe enviado por la Comisión de Fiscalización y así decidir el archivo o no de pedidos de juicio.

Redacción Política

Para la oposición, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) son fundamentales para dar paso a la fiscalización. ¿Y para Alianza País?

El bloque aún no ha tomado una decisión al respecto, mi opinión personal es que hay un debate interesante sobre si los archivos se resuelven en la Comisión de Fiscalización o en el Pleno. El fallido juicio al fiscal Washington Pesántez marcó un precedente negativo al ejercicio de la fiscalización en la Asamblea. En estos dos años no hemos podido procesar el tema.

¿Qué instancia debiera decidir el archivo?

Yo creo que la mesa debiera pasar un informe al Pleno y sobre eso decidir votar. Tal vez no sea preciso ampliar el debate sino hasta después de la votación. De lo contrario el tema se vuelve una cacería de brujas, una plataforma política, todo el mundo habla y al final no llegamos a una decisión.

¿Por qué los funcionarios de este Gobierno temen llegar al Pleno?

La oposición no se ha manejado con seriedad. Una cosa es hacer declaraciones cuando uno tiene fuero (inmunidad) y otra es sustentar un proceso que termine en un juicio. Esa falta de rigurosidad hace que los funcionarios se atemoricen, pero hay que buscar otras figuras como la comparecencia permanente de los ministros a la Asamblea, como pasa en Colombia. No estoy de acuerdo con la propuesta de eliminar la idea de que solicitemos información a funcionarios de gobiernos locales.

Silvia Salgado, presidenta de Fiscalización, dice que un problema es que los ministros son más técnicos que políticos... ¿Es así?

Ellos deben ser técnicos y políticos, no se puede dejar de ver el tema de Educación sin el magisterio ni los estudiantes secundarios y universitarios. Ni el de Salud sin los sindicatos. Pero por sobre esto está la obligación de la Asamblea de fiscalizar.

También se propone limitar el poder del ponente de los proyectos de ley, para que el resto de asambleístas pueda hacer observaciones y someter a debate artículos alternativos. ¿Qué opina al respecto?

Habría que discutir si el ponente de la ley lleva o no las observaciones que recibe en el Pleno a la mesa. En mi Comisión de Gobiernos Autónomos, el Presidente, tras la sesión, pide tiempo para procesar los pedidos en la mesa y eso da buenos resultados, nos permite armar consensos con los compañeros.

La oposición también reclama por la falta de reglas para desarrollar la consulta prelegislativa...

Es un tema fundamental, me preocupa no haber tenido la capacidad de resolver lo de la consulta prelegislativa para pueblos y nacionalidades porque sobre eso hay expectativa en el país. No hemos podido tramitar la Ley de Aguas. La Asamblea debe regular esta figura que la Constitución establece.

'El rol de fiscalizar, en juego'

Vicente Taiano
Su experiencia. Fue diputado. Es jefe de bloque del Prian. Integra la Mesa de Justicia y es ponente del proyecto de reformas de la LOFL.
Su punto de vista. Si un funcionario público no ha cometido delitos contra la Constitución ni peculado, no debe sentir temor de llegar al Pleno.

Redacción Política

¿Qué tanto interés tiene el oficialismo en continuar el debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)?

Hemos tenido dos reuniones de jefes de bloques y no hemos avanzado mucho en los consensos. Hay un tema en el que Alianza País no está de acuerdo y el resto de la Asamblea sí: que la decisión sobre la fiscalización llegue al Pleno, para que este resuelva en un sumarísimo debate, en el que se escuche al denunciante y las razones por las que cree que hay mérito para el juicio político. Hasta ahora cuento con 67 votos (de 124). El Presidente de la Asamblea me dijo (ayer) que el lunes 10 convocará a una nueva cita con los líderes de las bancadas y el martes 11 convocará a la sesión para continuar con el segundo debate de reformas a la LOFL.

¿Cuál sería entonces el nuevo rol de la mesa de Fiscalización?

Una comisión de trámite, encargada de velar porque las pruebas se evacúen siguiendo el debido proceso, que emitirá un informe (de mayoría o minoría o ambos) y lo envíe al Pleno. Ambos se discuten y se votan. En dos horas resolveríamos si hay o no juicio político. La decisión ya no sería de seis legisladores de esa mesa sino de los 124 del Pleno. Apelo a la sensibilidad de los asambleístas, para que nos dejen cumplir con el rol de fiscalizar.

¿Cómo evitar que la fiscalización se reduzca a un 'show mediático', como critica el oficialismo?

Según ellos, la fiscalización siempre es un 'show mediático'. Pero si un funcionario no ha cometido delitos contra la Constitución ni peculado no debe tener ningún temor, este Pleno puede ser una palestra para demostrarle al país la transparencia de sus actuaciones.

Pero el bloque de A. País dice que cada legislador puede solicitar información y fiscalizar, sin necesidad de un juicio...

Ahora podemos pedir información, pero fiscalizar implica llevar adelante un juicio político, en el que se pruebe contundentemente la responsabilidad de alguien. De qué sirve recoger un sustento documental si una comisión niega la posibilidad de tramitar las pruebas.

¿Un ministro necesita ser político para llegar al Pleno? Lo dice la Presidenta de la mesa de Fiscalización.

No se necesita saber de política para responder con claridad y ser concretos. A menos que los ministros deseen hacer un 'show mediático'.

Ud. ha criticado el exceso de poder de los ponentes de las leyes. ¿Por qué?

La comisión debiera recoger las observaciones del Pleno y elaborar el nuevo informe.

Proponemos que el legislador pueda proponer textos alternativos a los artículos en los que no esté de acuerdo, para que el Pleno debate y vote.

Ahora el Prian vota en contra de casi todas las leyes, aunque esté de acuerdo en el 90% de artículos.