El proyecto de Código Penal Integral vuelve al debate hoy, con un contenido que tipifica nuevos delitos, pero que deja al margen propuestas oficialistas como la inimputabilidad de los jóvenes.
La no afiliación al IESS, el enriquecimiento ilícito privado no justificado, salas de juego, trata de personas, violencia intrafamiliar, y la figura del sicariato.
Estos son algunos de los contenidos del documento, que se analiza hoy, desde las 15:30, en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Este organismo legislativo someterá a votación el informe para primer debate de este cuerpo legal, que tiene 817 artículos.
Mauro Andino, titular de la Comisión de Justicia, con mayoría oficialista, dice que se trata de un trabajo “perfectible, no perfecto, que debe ser debatido por los legisladores y la sociedad”.
Tomando en cuenta el número de temáticas que abarca el informe, de 330 páginas, el presidente Fernando Cordero ya se comprometió a llevarlo al Pleno en no menos de un mes.
Pese a la apertura del bloque de Alianza País para hacer cambios al texto, la asambleísta María Paula Romo (Ruptura de los 25) sigue inquieta por su contenido.
Recuerda que en el enlace sabatino del 5 de mayo, el presidente Rafael Correa ya anunció que vetará el Código si su bloque cambia el sentido del texto que él envió originalmente. Específicamente, si el texto “cae en el hipergarantismo para el acusado”, sin tomar en cuenta los problemas de inseguridad.
“El presidente Correa ha anunciado que si cambian su proyecto lo vetará. Hay que concentrarse en lo que dijo, quizá pretenda regresar a su versión a través del veto”, advierte Romo.
En ese punto, la asambleísta Romo precisa que en la versión original del Ejecutivo había 17 formas distintas de penalizar la injuria. Varios de sus artículos hablaban de injurias contra el Presidente, de funcionarios al Mandatario y a través de publicaciones en los medios.
Uno de los reparos que Correa hizo fue el relacionado a mantener la inimputabilidad penal de los adolescentes.
Pero Andino asegura que se harán reformas urgentes al Código de la Niñez y Adolescencia, tomando en cuenta que algunos están involucrados en actos delictivos desde los 16 años.
Actualmente esos menores son sometidos a medidas de internamiento en centros de detención, durante dos a cuatro años. Pero esas penas podrían subir a seis años e incrementar las medidas socioeducativas de corrección.
Sin embargo, el informe oficialista no recoge las propuestas como las de Madera de Guerrero. En junio del 2010, esta bancada presentó un proyecto de reformas que incluía aumento de penas para “ delitos atroces”.
Andrés Roche recuerda que esa propuesta tuvo el respaldo de 40 000 firmas, certificadas por el Consejo Nacional Electoral. Por eso critica que no se haya tomado en cuenta sus ideas.
Esa bancada planteaba, entre otras medidas, un aumento de penas de 25 a 50 años de prisión. Específicamente para violadores de niños, quienes maten a sus víctimas, a secuestradores, sicarios y quienes trafican con menores de edad para prostituirlos. También pidió la acumulación, que podría llegar a los 100 años.
“El Presidente ya se dio cuenta de las alcahueterías que pusieron en la Constitución… La gente debe pagar su pena”, dice Roche.
Pero Andino descarta esas medidas. Dice que esa dureza en las penas no ha cambiado la inseguridad en otros países. En su informe de Código, la máxima pena sería de hasta 28 años de prisión y con acumulación de 35 años.
Puntos claves del proyecto
5 códigos. En Ecuador, desde la época republicana, se han promulgado cinco códigos penales (1837, 1872, 1889, 1906 y 1938, que es el vigente).
Los cambios. El Código Penal reciente ha sido remendado. A la codificación de 1971 hay que agregar la producida en mayo del 2010.
Trabajo social. El informe habla de la pena no privativa de libertad. El acusado debe hacer servicio social.
Tránsito. Si un conductor comete una infracción tipificada en el Código será sancionado y podrá perder su licencia definitivamente.
Enriquecimiento. Será sancionada una persona que no justifique su incremento patrimonial y que esté asociado a actividades ilícitas.
Sanciones. Una persona que incrementó su patrimonio será encerrado entre seis y cinco años.