En un sobre cerrado, el presidente Rafael Correa entregó ayer las 10 preguntas de su consulta popular, a la Corte Constitucional.
De esta forma, concluyeron varias semanas de inquietud sobre este proceso plebiscitario que tomó fuerza a raíz del incremento de los niveles de delincuencia en el país, desde noviembre pasado.
De ser aprobado, este proyecto plebiscitario se convertirá en el tercer llamado de Correa a las urnas desde enero del 2007.
Los nueve vocales de la CC recibieron al Primer Mandatario en comisión general. En la cita, que duró un cuarto de hora, explicó que la consulta constará de dos cuerpos. Una paquete de cinco preguntas seguirá el trámite de referendo, pues implica enmiendas de tipo constitucional. Son tres temas los que se abordarán en este espacio: los cambios a la prisión preventiva, la reestructuración del Consejo de la Judicatura, y la necesidad, a criterio del Gobierno, de regular los negocios relacionados a la banca y a los medios de comunicación.
Cada una de estas preguntas irá acompañada de un anexo, donde se detallarán los textos constitucionales a ser reformados.El segundo cuerpo, también de cinco preguntas, versa sobre temas de carácter general y no implican cambios a la Carta Política.
Durante 20 minutos, el Presidente por la noche hizo una cadena para informar sobre este tema. Describió y explicó cada pregunta. Fue una especie de campaña por el Sí. Recalcó que cada vez que necesite, volverá a las urnas. “Cuantas veces sea necesario recurriré a la democracia directa para que sea el pueblo soberano el que decida sobre las grandes transformaciones que requiere el país. Jamás temeremos al veredicto del pueblo en las urnas”.
Y en la tarde, pidió celeridad en el trámite constitucional. La Corte, de acuerdo con la Ley, tiene 45 días para calificar la validez constitucional de las preguntas.
El titular del organismo, Patricio Pazmiño, acogió el pedido del Mandatario. “Este es un acto trascendental y de los más grandes desafíos que tiene este organismo. Vamos a poner empeño profesional para darle una respuesta jurídica pronta”. Entre mañana y el jueves se hará el sorteo público de la sala encargada.
Si la Corte califica la validez constitucional de las preguntas, estas se remitirán al Ejecutivo. Y este, a través de un Decreto, pedirá al Consejo Electoral organizar la jornada plebiscitaria. Para tal efecto, tiene siete días para convocar a la consulta y 60 para realizarla. Hacia la noche, aparecieron las primeras reacciones: el asambleísta Leonardo Viteri dijo que el proyecto “es un chaulafán, con trampas increíbles”. “Hay temas que van desde zoología hasta jurisprudencia”.
Por su parte, al jurista Fernando Casares le llamó la atención la pregunta sobre la creación del delito de enriquecimiento privado.
“Es peligroso porque intenta criminalizar las actividades particulares; con ello se podría perseguir a cualquier persona”.
Reformas penales, medios de comunicación y la muerte de animales en espectáculos se incluyen en la consulta.
Preguntas para la enmienda constitucional (referendo)
1. Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 1?
2. Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 2?
3. Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3?
4. Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 4?
5. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el Anexo 5?
Preguntas de temas generales (consulta )
1. Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?
2. Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
3. Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?
4. Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
5. Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?