La obsesión inocultable

Hagamos abstracción por un momento de los reparos de fondo a la consulta popular del Gobierno que tienen que ver con la mayor concentración de poder, los enormes plazos que se plantean para reestructurar el sistema judicial, la exclusión de temas cruciales como la reforma policial o la mezcla de temas, y supongamos que la propiedad de los medios de comunicación tiene alguna relación con “situaciones nefastas para las y los ciudadanos” que se quiere evitar, y por ende con los problemas de la inseguridad pública.

Trabajemos con la hipótesis de que prohibir a las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas ser dueños o tener participación accionaria fuera del ámbito comunicacional evitará conflictos de intereses. ¿Pero por qué la enmienda propuesta no menciona nada sobre los claros conflictos de intereses que se producen entre los mal llamados medios públicos cuando están al servicio del Gobierno, como sucede con una veintena de medios audiovisuales, impresos y electrónicos?

Tampoco se menciona nada sobre los posibles conflictos que pudieran generar los medios comunitarios. Pero el gran objetivo político es seguir estigmatizando a los medios privados, que el Gobierno decidió elegir como “el mayor adversario, el más temible” de su gestión, por el pecado de mantener distancia con el poder político.

Por eso hay fundadas razones para creer que el Consejo de Regulación -justificado para normar la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios- es el caballo de Troya para insistir en un consejo sancionador en la Ley de Comunicación. Controlar más a los otros poderes y a los medios que no se alinean es el fin, pero, por desgracia , eso no solucionará el problema que supuestamente motivó la consulta. Con seguridad, los medios volverán a ser los culpables.

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