La supuesta privatización del agua es el tema que preocupa a los indígenas del país. Ayer, el asambleísta Pedro de la Cruz, socialista pero aliado de Alianza País, anunció que presentará un informe de minoría para el segundo debate del proyecto de Ley de Aguas.
A su juicio, en el texto final de la Comisión de Soberanía, que fue aprobado la madrugada de ayer con seis votos a favor, de sus 11 miembros, se abrió la puerta para que las empresas puedan negociar con el agua.
“El agua está concentrada en pocas manos, por tanto, hay que desprivatizarla y redistribuirla. El 90% de las embotelladoras que son privadas usa agua del servicio público”.
Con él coincidió el asambleísta de Pachakutik, Gerónimo Yantalema. Él consideró que esta “ley elaborada a escondidas, legitima los acuerdos entre el oficialismo y los privatizadores del agua, sin tocar a las empresas que han lucrado y usufructuado con el agua de los ecuatorianos”.
La Ley fue aprobada por los legisladores de Alianza País, de Madera de Guerrero y ADE, quienes, según los indígenas, tienen intereses en este tema.
Un ejemplo -para Yantalema- es el caso de la firma Interagua. La Fenocin, a la que también pertenece De la Cruz, pidió que se revertiera la concesión. Pero no ha sido acogida.
No obstante, para el titular de la Comisión, Jaime Abril (A. País), en el texto se “respetó la inversión en el sector privado, puesto que contribuye al desarrollo económico”.