Uno de los notarios del Guayas, involucrado en el tráfico de nacionalidades para ciudadanos cubanos, fue separado de sus funciones.
El lunes pasado, el notario 37 de Guayaquil, Julio Olvera, fue removido, porque supuestamente cometió irregularidades al haber dado fe pública de uniones de hecho entre ecuatorianos y cubanos, con el objetivo de conseguir la nacionalidad ecuatoriana.
La Secretaría de Transparencia investigó ese caso. Luego de que se denunció que cubanos pagaban a ecuatorianos para casarse y obtener la nacionalidad.
En total, la Secretaría descubrió 150 nacionalizaciones que fueron obtenidas ilegalmente. Se determinó que la mayoría no cumplía con los requisitos para obtener la nacionalidad y, sin embargo, había sido concedida.
Anteayer, la Cancillería emitió un comunicado de prensa en el que se publicaba la lista de todos los casos considerados ilegales. Allí se explicaba la condición legal en la que quedarían los cubanos que habían obtenido la nacionalidad de forma fraudulenta.
Juan Sebastián Roldán, secretario de Transparencia, pidió ayer al Consejo de la Judicatura que resuelva las sanciones en contra del otro notario involucrado en el caso, Marcos Díaz Casquete.
“Ya tengo elementos de juicio para tomar una decisión en derecho sobre los dos notarios mencionados”, dijo el presidente de la Judicatura, Benjamín Cevallos.
El pedido de Roldán se basa en el informe de la Contraloría en el que se determina indicios de responsabilidad penal en contra de los notarios y de otros funcionarios, como el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y hermano de la Ministra de Ambiente, Juan Javier Aguiñaga.
Él fue separado de sus funciones en la Cancillería y se inició un proceso penal en contra de todos los implicados en el caso. Aunque todavía no hay resultados.
La Secretaría de Transparencia espera que la denuncia se resuelva lo más pronto posible.