La cancillería ecuatoriana comunicó que no expulsará a la misión diplomática francesa por la suspensión de clases en el colegio La Condamine, pero hizo una dura condena por la decisión de esa institución que no se sometió a las órdenes del Ministerio de Educación.
La Condamine, un colegio que recibe subsidio del gobierno francés, decidió suspender las clases el viernes 30 de septiembre, pero luego revisó esa decisión aunque la misión diplomática francesa aconsejó a sus nacionales no enviar a los niños ese día a clases para evitar problemas de tránsito debido a la concentración pro gubernamental a propósito del 30-S en la avenida de los Shyris, muy cerca del sector de la institución educativa.
Según fuentes anónimas del colegio, la decisión de cerrar el centro educativo el viernes fue revertida luego de que el propio presidente Rafael Correa llamó al embajador de Francia, Didier Lopinot, para reclamarle por la decisión. Eso hizo, aparentemente, que las autoridades decidieran que sí haya clases aunque con la recomendación para los franceses residentes en el Ecuador.
El sábado, el Primer Mandatario lanzó un duro reproche a los diplomáticos franceses y les advirtió de una posible expulsión del país.
Hoy, el canciller encargado Kintto Lucas hizo un fuerte llamado de atención a la misión diplomática francesa por suspender las clases en el colegio La Condamine, el pasado viernes.
Un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que no se expulsará a la misión diplomática por la suspensión de las clases, decisión que le compete únicamente al Ministerio de Educación encargado de regir los planteles nacionales, binacionales e internacionales en todo el territorio ecuatoriano.
Además, expresó la inconformidad por la manera de proceder de la misión diplomática e instó a que lo sucedido no vuelva a repetirse.
Según el comunicado, Lucas indicó que en la conversación que mantuvo con el embajador francés, Didier Lopinot, este aceptó su equivocación al pasar por alto la autoridad competente y su compromiso por respetar las normativas impuestas por las autoridades de educación, aún cuando su única intención era el precautelar la seguridad de los estudiantes.
Aclaró que en el caso de disponer alguna sanción al plantel educativo, la única institución facultada para realizarla es el Ministerio de Educación.