Entrevista a Tamaryn Nelson. Investigadora de AI
Su formación. Estudió Relaciones Internacionales y Derechos Humanos.
El informe de Amnistía Internacional sobre Ecuador se centra en la criminalización de la protesta social. ¿Por qué?
El estudio se realizó en 18 meses. En ese tiempo analizamos las protestas por la Ley de Aguas y la Ley de Minería, ocurridas entre 2009 y 20010,en las cuales se iniciaron procesos judiciales en contra de los dirigentes.
Ha habido una serie de cifras difundidas sobre este tema. ¿En su informe de cuántos casos hablamos?
24 dirigentes y líderes comunitarios han enfrentado 34 casos. De ellos, 23 fueron desestimados. Hemos visto que empiezan las indagaciones y cuando llegan a un juez se desestiman por falta de pruebas. Hay cargos infundados pero también detenciones arbitrarias y casi la mitad de los líderes indígenas estuvieron detenidos. Ocho dirigentes de los 24, aún enfrentan un proceso judicial. Eso amedrenta a su familia y a su comunidad.
¿Por qué?
Hablamos con gente de los pueblos indígenas y nos dijeron que tenían miedo de salir a protestar por lo que le había pasado a una persona conocida. Esto manda un mensaje incriminatorio a las personas, para que no puedan criticar políticas o leyes.
Pero en el Código Penal ecuatoriano aparece la figura de terrorismo ara sancionar el cierre de vías
Lo importante es que las leyes sean claras y específicas. Hay que tener una ley que abarque el terrorismo como lo que es: un acto extremadamente grave que puede incluso atentar contra la vida. Pero por cierre de vías, la pena es bastante dura y desmesurada para una protesta.
Las dos protestas fueron por temas de extracción de los recursos naturales. Pero el Gobierno ha dicho que son tema vitales para el desarrollo del país.
Se debe evitar la utilización de las disposiciones legales para castigar el legítimo uso y ejercicio de las libertades. Además, se debe consultar a las comunidades afectadas por cualquier ley.
Pero la consulta previa no es vinculante en el país.
Independientemente de la legislación interna, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos hay un derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Esa consulta no es solo presentar una propuesta y que digan sí o no. Se trata de un espacio de diálogo y conversación para llegar a un acuerdo.