Napoleón Saltos: ‘A cuenta gotas no se puede llegar al fondo de la verdad’
Saltos ejerció la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del extinto Congreso Nacional.Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El derrocamiento del expresidente Abdalá Bucaram, en 1997, dio paso a un ciclo político y jurídico marcado por la fiscalización y el combate a la corrupción. Algo similar a lo que el país atestigua en la actualidad, aunque con diferentes matices.
Napoleón Saltos, expresidente de la Comisión de Fiscalización del extinto Congreso Nacional en el tiempo de Bucaram, reflexiona sobre el papel que están jugando los organismos de control del país, la Asamblea y el Gobierno en esta coyuntura.
¿Qué de diferente tienen las olas de fiscalización que se alzaron luego de Bucaram y las que se levantan en el poscorreísmo?
Radica en el tipo de poder que asume la responsabilidad de combatir la corrupción. En 1997 fueron los movimientos sociales, el movimiento indígena, la opinión pública, los periodistas de investigación. Ahora el combate a la corrupción se maneja desde las instancias del Estado. El poder se autojuzga y eso le resta autonomía a la lucha anticorrupción.
¿Por qué la ciudadanía, los movimientos sociales, no han logrado recuperar ese papel protagónico?
En los últimos 10 años de correísmo hubo un debilitamiento de la movilización social, desde diversos mecanismos. Por ejemplo, la cooptación, la división, la persecución. En lugar de tener movimientos autónomos, ahora hay movimientos incorporados al Gobierno. Ya no son actores con dinámica propia.
¿Qué papel jugaron los organismos de control en 1997 frente a la corrupción y ahora, 20 años después?
La participación y la presión de la sociedad civil, movimientos sociales, ciudadanos hace que los organismos de control trabajen de manera coordinada y lograron los resultados que obtuvimos.
¿Cuál es su lectura sobre la actuación de la Contraloría y Fiscalía?
La Contraloría empieza a cumplir sus obligaciones. La Fiscalía, con la presión social, también ha tenido que actuar. Pero las actuaciones todavía son muy tuteladas desde los cálculos del poder. No tenemos aquello que caracteriza a una democracia profunda, que son organismos de control autónomos e independientes. Hay una actuación a cuenta gotas y así no se puede llegar al fondo de la verdad.
Y ustedes, ¿qué tanto llegaron al fondo de la verdad en 1997?
La Comisión de Fiscalización que presidí duró exactamente un año. Le explico por qué. Cuando cayó Bucaram no triunfaron los movimientos sociales. Había dos polos de poder. El Partido Social Cristiano y el Partido Roldosista Ecuatoriano. El momento permitió que se restablezca el poder socialcristiano. Hubo, entonces, condiciones para que la Comisión investigue a fondo el periodo de Bucaram. Pero cuando las investigaciones comenzaron a tocar a los socialcristianos, simplemente cambiaron la conformación de la Comisión.
¿Qué pasó luego?
La Comisión de Fiscalización volvió a actuar con base en el cálculo político. Paralelamente, la Comisión Cívica Anticorrupción se institucionalizó en el gobierno de Fabián Alarcón. Supuestamente como un gran avance. Pero perdió la autonomía. Recuerde que esa Comisión nació históricamente desde la iniciativa de los actores sociales, opinión pública, la sociedad civil.
¿Qué resultados obtuvieron mientras la Comisión de Fiscalización estuvo activa en el Congreso?
El grupo de Fiscalización se convirtió en el enlace con la participación ciudadana. 18 diputados salieron tras las revelaciones de las investigaciones. Enjuiciamos a ministros. Cuando empezamos el trabajo yo era representante de Pachakutik. Y en la investigación descubrimos que había diputados de Pachakutik involucrados. No detuvimos la investigación. Dos salieron y pudimos en varios casos determinar responsabilidades hasta la cabeza, el Presidente de la República.
¿Cómo se explica que cada cierto tiempo el país tenga que volver a enfrentar un escenario marcado por el combate a la corrupción y, pese a eso, no se logre erradicar este mal?
La corrupción es un hecho sistémico; es toda una cadena. No es responsabilidad de un individuo. Cuando hay corrupción no solo hay actores estatales locales, sino también transnacionales. Para enfrentar esos grandes poderes se necesitaría de una gran energía social y una gran voluntad política de quienes dicen que están dispuestos a combatir la corrupción en el país.
¿Qué responsabilidad tiene el poder judicial?
En 1997, el Congreso cumplió con su papel político, la Contraloría hizo lo propio en lo administrativo. Pero en el sistema de justicia se dieron largas a los casos y progresivamente se fueron disolviendo. Lo que pasó con Bucaram es el mejor ejemplo; se dejó que se extinga el caso y ahora podría ser nuevamente candidato. Eso crea un problema grave en la conciencia de la ciudadanía.
¿Cuál?
Deja la idea de que la corrupción no se castiga y que, por tanto, solamente es cuestión de esperar para poder vivir de los beneficios generados a partir de la corrupción. Mientras no se combata la impunidad, la corrupción no se podrá cortar. El problema, generalmente, se aguza cuando nuevos actores llegan al poder para beneficiarse indebidamente a través de contratos a dedo o estableciendo sobreprecios.
Su trayectoria
Siendo diputado por Pachacutik-Nuevo País ejerció la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del extinto Congreso Nacional. Es docente universitario y parte del Grupo de Pensamiento Alternativo.
Punto de vista
Napoleón Saltos considera que el combate a la corrupción no será efectivo mientras no se logre atacar el sistema que permite la impunidad. Para ello, agrega, se requiere de la movilización social y la voluntad política.
