A Rafael Correa se le agotó el tiempo para aplicar en el actual período (2009- 2013) la figura de muerte cruzada, que implica la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones anticipadas.
El Presidente tenía plazo hasta hoy para echar mano de ese mecanismo, creado en la Constituyente de Montecristi, como salida a las pujas Ejecutivo- Legislativo.
De este modo, se cierra un ciclo de tres años en los que Correa ha mencionado de forma reiterada la opción de emplearla. En todas esas ocasiones, sus advertencias tuvieron como telón de fondoepisodios políticos en los que la Asamblea marcaba distancias del Palacio de Carondelet.
Desde 2010, en no menos de cuatro ocasiones, el Presidente deslizó la posibilidad de poner en marcha ese recurso, que permite gobernar por decreto y sin Congreso hasta que se realicen los comicios anticipados.
Sin embargo, en la práctica, esos anuncios no pasaron de ser un mensaje de disuasión a los miembros del Parlamento.
Desde la oposición, en estos tres años esa figura constitucional funcionó como una suerte de “chantaje político” al Congreso, en situaciones de discrepancias.
“Las causales para disolver la Asamblea son taxativas en la Constitución. Pero en la práctica nunca se registraron para dictar la muerte cruzada”. Ese es el criterio de Enrique Herrería, legislador de oposición y ex vocal del antiguo Tribunal Constitucional.
Según la Carta Magna, el Mandatario podía disolver el Congreso y convocar a elecciones bajo tres causales. Arrogación de funciones, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo o grave crisis política y conmoción interna.
Para Herrería, en ninguno de los episodios políticos en que salió a la luz el tema se cumplió con alguno de los requisitos.
La fecha en que más cerca estuvo Correa de expedir un decreto disolviendo el Asamblea fue el 29 de septiembre del 2010, en víspera de la asonada policial del 30-S.
En esa ocasión, en Carondelet había molestia por el contenido del veto a la Ley de Servicio Público que ese día tramitó el Pleno de la Asamblea. Para la oposición, ese día tampoco se cumplió con una de las causales para la muerte cruzada, pues la Legislatura tiene la facultad de no admitir las observaciones del Ejecutivo a leyes.
En este escenario, la columnista Ana María Correa también opina que esa figura cayó en el campo de la “intimidación”.
Aunque también sospecha que el Ejecutivo nunca la usó, pues no tenía la certeza de que en nuevas elecciones generales lograría armar una mayoría parlamentaria sólida. “El progresivo deterioro del porcentaje de votación de Alianza País probablemente hubiese conducido a una reducción del tamaño del bloque. Con ello, el remedio hubiera sido peor que la enfermedad, aunque trae consigo la ventaja de conceder al Presidente un período de gracia para gobernar por decreto”.
Desde el oficialismo, más bien se busca desdramatizar el uso que el Ejecutivo ha dado a la muerte cruzada. El asambleísta Ángel Vilema señala que, en la práctica, las declaraciones del Presidente sobre el tema no influenciaron en la agenda ni en el trabajo del Parlamento. Por ello no cree que haya sido un “chantaje” sino más bien una “crítica” a la obstrucción de la oposición.
Episodios en los que el Ejecutivo se refirió a la muerte cruzada
Mayo 2010
El Presidente afirmó por primera vez que utilizaría el mecanismo de la muerte cruzada para resolver diferencias políticas. Pero en esa ocasión negó que la vaya a emplear.
Julio 2010
La falta de una mayoría política en la Asamblea Nacional para aprobar las leyes del Ejecutivo, nuevamente trajo al debate político la posibilidad de ir a una muerte cruzada.
29 Sept. 2010
El veto a la Ley de Servicio Público mostró una fisura en AP. El Ejecutivo estudió la opción de aplicar la figura.
Octubre 2010
La entonces ministra de la Política, Doris Soliz, descartó disolver el Congreso. Lo hizo luego de la revuelta del 30S.
16 julio 2011
Correa vuelve a hablar del tema. Esta vez porque la Asamblea no elegía a su delegado a la Judicatura transitoria.
30 julio 2011
El Presidente dice que está dispuesto a poner en marcha el mecanismo si hay nueva mayoría legislativa.
Reelección marca otra etapa
De modo oficial, en la bancada de Alianza País no se acepta la insinuación de que en lo que resta del período legislativo, quienes buscan la reelección evitarán discrepar con el Ejecutivo. Los coordinadores dicen que lo que les interesa es sacar adelante las leyes que necesita el proyecto político.
Sin embargo, en los pasillos del Congreso ya se escuchan rumores de quiénes podrían ser candidatos: gobernadores, ministros y ex ministros. La legisladora Nívea Vélez incluso dice que hay una lista de eventuales candidatos, con pocos nombres de los 53 legisladores que integran el bloque oficialista.
Por eso quizá, el lunes pasado, en el almuerzo en Carondelet, el presidente Rafael Correa les aclaró que hay una comisión encargada de revisar perfiles de candidatos para el 2013.
Esta la integran Betty Tola, ministra de la Política; Galo Mora, secretario del movimiento; y Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública.
Pero otra es la lectura de los opositores. César Gracia dejó el oficialismo en enero del 2011, para unirse al PRE. Él asegura que antes, los legisladores de ese bloque evitaban desalinearse para no dar lugar a la muerte cruzada. Y ahora “necesitan la venia del partido para la reelección o para terciar por otro cargo de elección. Por eso deben ser obedientes”.
Mary Verduga, de A. País, rechaza esa idea y asegura que la oposición siempre busca descalificarlos. “Nunca creímos que habría muerte cruzada porque no era viable”. Y señala que es legítimo que varios de ellos busquen la reelección. Pero niega que eso les quite la posibilidad de opinar diferente. Y cree que nada está dicho en materia de candidaturas, porque se estudian perfiles de militantes sin cargo en la actualidad.
La legisladora solo espera que a la hora de armar las listas no sean tomados en cuenta aquellos aliados que no están “de cabeza” en el proyecto político.