Movimientos sociales vuelven a las calles el 17
Las protestas de diciembre en contra de las enmiendas se dieron en varias ciudades. Foto: Enrique Pesántez / EL COMERCIO
Las reformas laborales son la principal causa para una nueva jornada de movilizaciones en el país, anunciada para este jueves.
Estas protestas se realizarán mientras en la Asamblea está listo para segundo y definitivo debate el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo.
La votación en el pleno será este martes. Desde el 13 de febrero pasado, ya se fijó la fecha para protestar en contra de este proyecto, impulsado por el presidente Rafael Correa. Los últimos días, los dirigentes de movimientos sociales, indígenas y sindicales se han preparado para esta manifestación, a través de convenciones provinciales del Colectivo Nacional de Dirección.
El grupo reúne a organizaciones de indígenas, estudiantes secundarios, universitarios, seguro social campesino, artistas populares, trabajadores autónomos, jubilados, mujeres, médicos, abogados y auxiliares de enfermería, etc.
La idea, según Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, es lograr que la mayor cantidad de gente participe activamente en movilizaciones pacíficas, que exigen cambios al actual régimen. La convocatoria, en Quito, se fijó para las 16:00 del jueves 17, en la Caja del Seguro, frente al parque El Ejido, centronorte de Quito.
Luego, el plan es marchar por la ruta usual, que conduce a la plaza de Santo Domingo, en la zona colonial. En el resto del país se han elegido plazas municipales y otras zonas céntricas como puntos de encuentro, a partir de las 16:30. Sin embargo, hay casos en los que se prevé actividad desde la mañana.
El viernes, representantes de diversas áreas mantuvieron reuniones en Imbabura, Azuay y Guayas. El martes se juntarán en Tungurahua y Cotopaxi y, previamente, ya habían coordinado en Manabí, Loja, Santo Domingo, Zamora Chinchipe, Pichincha y Chimborazo.
El nuevo proyecto de ley laboral, que contempla modificaciones en la jornada bajo acuerdo entre empleado y empleador, y la creación de un seguro de desempleo -que se financiará con 1 del 3% que aporta cada afiliado para su fondo de cesantía- son las principales motivaciones de la marcha.
Esto, pese a que el Gobierno sostiene que el proyecto busca evitar que los índices del desempleo crezcan en el país y se incrementen las fuentes de trabajo para estudiantes y jóvenes profesionales. Sin embargo, Erazo afirma que la Federación de Trabajadores Universitarios decidió la semana pasada, en Babahoyo, sumarse a las protestas, pues no están de acuerdo con los cambios en el pago por pasantías, que bajará de una remuneración básica unificada a un tercio de ese valor.
Pero hay más reclamos en lista. Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), agrega otros motivos, como la solidaridad con los estudiantes sancionados en el Colegio Montúfar. Además, buscan defender el derecho a la organización y el respeto a la libertad de expresión en establecimientos.
En ese contexto, su principal pedido es la salida del ministro de Educación, Augusto Espinosa, porque consideran que no representa a la comunidad y que no ayuda a mejorar las condiciones de los estudiantes y maestros en el país. Los profesionales de la salud tienen otras banderas.
Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, sostiene que el gremio reclama que el Presidente cumpla con los acuerdos a los que se llegó en febrero del 2014. Según Narváez, hay una precarización laboral: el 40% tiene contratos temporales de hasta dos años en el sector público, pero no se llama a concurso para plazas más estables.
La lucha, dice, va más allá de lo coyuntural. Según el galeno, la ley manda que un médico debe trabajar hasta 170 horas al mes. Pero muchos están obligados a exceder esa cuota y hay casos en que los pagos por turnos nocturnos y de fines de semana se hacen, pero “sin que se cancele lo que dispone la ley, en entidades públicas”.
En su caso, la preocupación mayor es la seguridad jurídica. Cita el caso del doctor Carlos López, quien fue sentenciado bajo el cargo de no brindar atención oportuna a una ciudadana extranjera que falleció.
Los médicos piden que se complemente lo que estipula el Código Orgánico Integral Penal con un capítulo especial en el Código de Salud, que establezca una responsabilidad profesional compartida.
