Movimiento Patria Sin Corrupción pide a Fiscalía investigue supuesto contrato de consultora extranjera en la campaña
Carlos Aguilar, representante de la plataforma, pide que se investigue un “supuesto contrato” por USD 20 millones. Foto: Cortesíav
El movimiento ciudadano denominado Patria Sin Corrupción ingresó una denuncia en la Fiscalía. Carlos Aguilar, representante de la plataforma, pide que se investigue un “supuesto contrato” por USD 20 millones que habría sido suscrito por la firma mexicana Neurona y su filial en Ecuador, ConsultoriaNeurona S. A.
El vocero no presentó ninguna prueba de su denuncia, pues dijo que la Fiscalía deberá iniciar las investigaciones correspondientes, para determinar los delitos “que se pudiesen haber cometido”. El movimiento presume un supuesto enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada y asociación ilícita.
Aguilar citó reportajes publicados en España, particularmente por el periódico Vozpópuli, donde se menciona la firma de un supuesto contrato por más de USD 20 millones entre Neurona y la campaña de Unes, quien participará en el balotaje para elegir al nuevo presidente de Ecuador.
Este Diario solicitó una reacción al equipo de comunicación de Unes, tras la presentación de la denuncia, pero no hubo una respuesta.
El denunciante cuestionó que Juan Carlos Monedero, vinculado a Neurona y cofundador del movimiento Podemos de España, haya estado en Ecuador como observador electoral en la primera vuelta de las elecciones. Incluso, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, pidió que se le retirase la acreditación de observador a Monedero, por haber emitido declaraciones sin solicitar información oficial y mostrarse abiertamente a favor de la candidatura de Arauz.
Aguilar pide que se investiguen los supuestos nexos entra la consultora y Unes, y que se indague si se suscribió algún contrato durante la estadía de Monedero en Ecuador. El denunciante mencionó que Monedero debe comparecer ante la justicia de España dentro de una investigación por supuesta “malversación en el gasto electoral del partido político Podemos por más de 300 000 euros”.