10 de August de 2012 00:03

Montecristi no reparó la crisis institucional

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Nuevas instituciones que refunden el país y perduren en el tiempo. Esa fue la oferta estrella de Rafael Correa, que hoy cumple el tercer año del segundo mandato.

Una Constituyente controlada por Alianza País armó una nueva estructura de poder, que borró la tradicional división entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La nueva Constitución incorporó a ese esquema los poderes Electoral y de Transparencia, como parte de un modelo que supere la crisis política de más de una década.

Sin embargo, al casi cumplir cuatro años la vigencia de la Constitución (octubre 2008), la mayoría de esas instituciones tiene dificultades para funcionar.

“La Constitución no ha funcionado. Se ha demostrado que no es apta para la solución de los problemas del país”. Ese es el balance de Simón Pachano, politólogo y catedrático de Flacso, al analizar su operatividad ya en los hechos.

El propio presidente Correa se ha quejado de algunas partes de la Carta Política, bajo el argumento de entorpecer la administración del Estado. De hecho, a través de referéndum, ya reformó el Sistema Judicial trazado en la Asamblea de Montecristi.

Incluso ha planteado la necesidad de modificar algunos de sus recursos -como la acción de protección- por considerar que han sido mal empleados, generando así un “hipergarantismo”.

Luis Hernández, ex constituyente de Montecristi, explica que los últimos tres años de gobierno de Correa han demostrado que la solución a la crisis política no estaba en recetas constitucionales. “Mientras no cambie el elemento político ecuatoriano no habrá institución que funcione”.

En este escenario, la Función Ejecutiva ha llegado a marcar el paso a las otras. En palabras del politólogo Jorge León, en el afán de buscar un equilibrio de poderes, la Constituyente terminó limitando a todas las funciones, menos a Carondelet. “Hay un presidencialismo muy fuerte, mientras los otros poderes acabaron debilitados ”, sostiene León.

Función judicial

La autonomía de la Justicia sucumbió en las urnas

El nuevo sistema judicial creado en Montecristi no llegó a completar los tres años de vida.  Cuando estaba en camino la selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, que debía reorganizar las cortes, empezaron a surgir los cuestionamientos del Gobierno.

Aunque el propio Presidente  había dado su visto bueno para  que la Constitución fije en  nueve el número de miembros de la Judicatura, poco tardó para señalar que esa estructura resultaba obsoleta.  “Con nueve personas no se administra, se pasan repartiendo cargos y peleando entre ellos”.

Por ello no dudó en incluir en el referéndum de mayo del 2011  dos preguntas que cambiaron esa estructura judicial.

Una, para que solo sean tres los miembros del organismo administrativo de la Función Judicial.

La segunda, para que se forme un Consejo de la Judicatura transitorio, formado por delegados del Ejecutivo, Legislativo y del Quinto Poder. Tras su integración,  el Gobierno acabó controlando ese  órgano con  Paulo Rodríguez a la cabeza.

En las urnas, la tesis del Gobierno venció, dejando sin piso la nueva arquitectura judicial mentalizada en Montecristi.

Según Fernando Vega,  constituyente que presidió la Mesa de Justicia a nombre de Alianza País,  esa consulta terminó por afectar  la institucionalidad que nació de la Constituyente. “Le dio una bofetada a la Asamblea y otra al Poder Ciudadano”.

Tras un año, esa Judicatura reorganizó la Corte Nacional. Sin embargo, un vendaval de críticas se ha desatado por aparentes irregularidades. El asambleísta Andrés Páez afirma que el concurso fue un mecanismo “escabroso” para que Carondelet tenga sus “propios jueces”.

Asamblea Nacional

Ni se legisla ni se fiscaliza, tampoco se debate...

Desde que se conformó la actual Asamblea, en el 2009, se han aprobado 64 leyes. Pero  34 de ellas han sido iniciativa de la Presidencia de la República.

Por ello, los legisladores no afines al bloque de Alianza País aseguran que este poder del Estado  se ha convertido en una oficina que solo tramita las propuestas del Ejecutivo. ¿El patio trasero de Carondelet?

El presidente Rafael Correa ha gobernado con proyectos urgentes en materia económica. De sus aprobados 34 proyectos, nueve han llegado por esta vía sin descartar episodios (reformas petroleras y tributarias) que por estrategia oficial pasaron por el ministerio de la ley:  sin debate.

Precisamente, ha sido la  falta de debate lo que ha marcado el futuro incierto de la Ley de Medio, proyecto estrella del Ejecutivo en la Asamblea. Su  votación ha fracasado por la evidente polarización que sacude al Pleno.

El bajo control político es otro de los  principales indicadores de los duros momentos por los que atraviesa la Legislatura. Las críticas se dirigen a la comisión de Fiscalización que mantiene el control absoluto del Gobierno.

En esa mesa se han archivado 13 pedidos de juicio político, según Galo Lara (PSP).  Al Pleno solo llegaron dos juicios auspiciados por el oficialismo. Uno en  contra de Gloria Sabando, ex superintendenta de Bancos, y al extinto Consejo de la Judicatura.

Este año también reporta el duro revés que para la Asamblea significó el veto total del Ejecutivo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, amparado por una resolución de la Corte Constitucional. Para los no oficialistas, esta fue la  ruptura de la independencia de funciones y según María Paula Romo, la imposibilidad de que la Asamblea se autorregule.

Función electoral

Partidos y órganos electorales mantienen vicios

Las despartidización de los órganos electorales y la reingeniería de las organizaciones políticas. Esas fueron las dos fórmulas que la Constitución incorporó para dar vida a un sistema electoral vigoroso y sano.

Sin embargo, a puertas de un proceso electoral, el escándalo de las firmas adulteradas en el registro de partidos evidenció que los vicios del pasado  continúan.

El politólogo Simón Pachano explica que la crisis  del sistema de partidos tiene una causa estructural, que no se subsana con la recolección de firmas.

Del mismo modo opina Jorge Valdospinos, ex vocal electoral, quien señala que fue un error pensar que en un país donde las organizaciones políticas tienen un alto desgaste, cerca del 40% de la población se hubiera afiliado.

Como resultado de este proceso de recolección de adhesiones no ha sido extraño encontrar que un mismo ciudadano ha entregado su apoyo a partidos de diversos partidos políticos. Para el catedrático Felipe Burbano, ese hecho evidencia que de parte de la ciudadanía tampoco ha existido un compromiso serio de participar en la vida política nacional.

La eficiencia de los nuevos organismos electorales también ha quedado en entredicho con el caso de las firmas falsificadas.

Los controles del Consejo Nacional Electoral no funcionaron para alertar de las irregularidades en el registro. Pese a que sus cinco vocales fueron nombrados bajo las normas de la Constitución y que supuestamente no responden a intereses partidistas, no han podido controlar este caso y despejar dudas de cara a las elecciones. “Ese esquema de despartidización tampoco ha producido el resultado  idóneo”, dice Fausto Camacho, miembro del Consejo Electoral de transición.

Participación ciudadana

Candidatos del Régimen ganaron los concursos

El 18 de septiembre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumplirá  dos años y medio de vida institucional. Según la Constitución de Montecristi, este es el órgano encargado de promover los derechos de participación de los ciudadanos; luchar contra la corrupción, la impunidad y organizar los procesos de selección de las autoridades. No obstante, las críticas apuntan a que ocurrió todo lo contrario.

Así, la posibilidad que tuvieron los ciudadanos alejados de las esferas del poder de llegar a cargos públicos fue nula. Basta realizar una radiografía de los  funcionarios que fueron seleccionados mediante los concursos públicos de méritos y oposición.Con esta metodología se escogió  al Fiscal General; Defensor del Pueblo, vocales del Consejo Nacional Electoral y vocales del Tribunal Contencioso Electoral. Esos concursos estuvieron marcados por la crítica de que  cuadros cercanos al Régimen fueron los que finalmente ganaron. Otra de las criticas fue el poco respaldo que tuvieron las voces críticas de las veedurías.

En el caso de los concursos de Contralor General y de Defensor Público fueron posesionados funcionarios que ya  ocuparon la titularidad de esas dependencias y que ahora se perpetuaron en los cargos por cinco años más. Por ello para asambleístas como Paco Moncayo, este es un organismo apéndice del Gobierno mediante el cual se ha concretado la toma del poder.

En el caso de lucha contra la corrupción el trabajo también ha sido cuestionado. Hasta marzo del 2012, el organismo recibió 211 denuncias por parte de la ciudadanía. De estas 102 no fueron admitidas, 46 se archivaron, 37 están en trámite y apenas 26 están siendo analizadas.   

Un vistazo a hechos trascendentales en el tercer año de gobierno de Rafael Correa

30 sept. 2011

Alianza País organiza una concentración masiva para conmemorar los hechos del 30-S. El Presidente insiste en la teoría de la conspiración, pero admite que no tiene pruebas.

Noviembre 2011

Reorganización del Gabinete. Correa Nombra nuevos  colaboradores como Mireya Cárdena en la Secretaría de Pueblos y a Raúl Patiño en Inteligencia, que poco después renunció.

Enero 2012

El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad visita Carondelet y firma con Rafael Correa un convenio comercial, que levanta sospechas de una supuesta triangulación. El Gobierno niega esa apreciación.

Febrero 2012

La Corte Nacional de Justicia ratifica la sentencia de tres años contra directivos de El Universo y la multa de USD 40 millones a favor de Rafael Correa. El Presidente luego perdonó al periódico.

Junio 2012

El Presidente viaja a la reunión de cancilleres de la OEA, en Bolivia. Allí reitera  su pedido de poner límites a la Comisión Interamericana de DD.HH. y a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA.

Agosto 2012

Correa da nuevas pistas sobre el futuro del pedido de asilo político de Julián Assange, creador de Wikileaks. Tras recibir a la madre del ‘hacker’, dijo  que no lo expondrá a la pena de muerte.

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