La legisladora María Cristina Kronfle expresa la frustración que le produjo el veto presidencial a la Ley de Discapacidades, que rige desde hoy.
Este domingo entra en vigencia la Ley de Discapacidades. ¿Hay motivos suficientes para celebrar?
Hay un sentimiento ambiguo. En cuanto a los derechos podemos decir que hay una gran conquista: avances, beneficios. Ahora tenemos la posibilidad de afiliarnos voluntariamente al IESS y requerimos menos años para jubilarnos. Se reduce el número de aportes para acceder a un crédito hipotecario. Tenemos rebajas en el pago de servicios… Es una serie de cosas que se han logrado por el enfoque garantista de la Constitución vigente.
¿Qué aspectos de esta ley le dejan a Ud. un mal sabor?
De qué nos sirve que tengamos una ley muy buena si anula el sujeto de esta ley.
¿Qué quiere decir?
El sujeto de la ley se anula el momento en que la disposición transitoria tercera ordena que todas las personas con discapacidad deben recalificarse. Esto significa que, a partir de la publicación de esta ley, el Ministerio de Salud tiene un año para crear el modelo de valoración de discapacidades. Luego, nosotros tenemos otro año para recalificarnos en un proceso masivo. Es decir, deberemos probar que tenemos una discapacidad y que nuestro carné fue entregado justamente.
¿Qué complejidad tiene esta disposición, para que Ud. se haya sentido frustrada en el tramo final de la ley?
Al Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) le tomó más de una década registrar 345 000 personas. Ahora el Gobierno pretende que lo volvamos a hacer en un año. Esto es operativamente difícil, a menos que el presidente Rafael Correa nos ponga carro con chofer a todos.
¿Por qué es difícil?
Para que en un año se califiquen 345 000 personas con discapacidad habría que montar un operativo que logre registrar a mil personas por día. Los equipos calificadores que hay al momento no se darán abasto para lograr este promedio. A lo mucho evaluarán a unas 20 personas al día.
¿Qué pasa con aquellos que no se podrá calificar?
Hasta esa recalificación, dejarán de recibir los beneficios como personas con discapacidad.
¿Dejarán de recibir los beneficios del Estado?
El Bono de Desarrollo Humano, el Bono Joaquín Gallegos Lara, no podrán ser sujetos de contratación en la empresa privada.
¿Todo esto por no tener actualizado el carné?
Ese es el peligro… Créanme, busqué todas las formas posibles para hacerle comprender al Presidente de que ya teníamos un formato de depuración en el artículo 10 de la ley. Es decir, que habían justificativos para recalificar a una persona cuando era evidente que su carné le fue entregado de forma fraudulenta por un funcionario público, quien será sujeto de sanciones.
¿Hay evidencia de qué porcentaje de los 345 000 carnés de las personas con discapacidad ha sido tramitado de forma irregular?
¿Se puede negar que un niño con síndrome de Down tiene discapacidad? ¿Que Lenín Moreno, por el disparo de una bala, no la tiene? ¿Yo no la tengo? Es muy bajo el porcentaje de carnés fraudulentos y esa es una responsabilidad de los funcionarios; eso tienen que entender. Yo comprendo la preocupación del Presidente, de que una persona que es su amiga, por faltarle un dedo, se le declaró una discapacidad del 40% y con ello es beneficiaria de una serie de ventajas que no las merece. Pero por casos así no vamos a recalificarnos 345 000 personas nuevamente.
¿Qué cree que está detrás de este nuevo censo?
El Presidente y el Estado tienen una preocupación: la carga económica que representa esta ley. Es el costo de dar becas, el de la Seguridad Social, en fin.
¿Cuánto dinero por año va a representar al Estado esta ley y la atención a las personas con discapacidad?
No podemos hacer un estudio. Por eso, en el proceso de elaboración de esta ley fuimos meticulosos. Las cosas que no podíamos cumplir no las pusimos. Las otras sí, luego de varios estudios. Por eso vimos, por ejemplo, que en materia de Seguridad Social, lo sostenible era bajar de 30 a 25 los años de aportación para poder acceder a una jubilación.
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¿Sabe Ud. cuánto gasta el Gobierno Nacional en publicidad cada año?
No puede ser posible que un principio económico esté por encima de un principio humano.
¿Más aún cuando este Gobierno no se proyecta como ejemplo de austeridad? Según la revista Vanguardia, en la compra de dos vajillas para la residencia presidencial se gastaron USD 6 700.
En el caso de nuestra ley, la preocupación de ellos es el impacto tributario. Por eso, en el veto presidencial al artículo 6 se modifica el concepto de discapacidad. Nosotros determinamos que en la ley se estableciera que una persona tiene esta condición cuando en la evaluación presenta, como mínimo, el 30% de discapacidad. Y el Gobierno, a través de su veto, dispone que los beneficios tributarios a los que accedemos vayan en función de ese porcentaje de discapacidad.
¿Cuál es su lectura?
Tan grave no es, pero sí hemos descubierto que la finalidad del Gobierno, con estos cambios, es medir el tema económico y dosificar los beneficios tributarios.
¿El Presidente está preocupado porque se le descuadren las cuentas fiscales?
Lo que le preocupa es que haya una masificación de personas con discapacidad y muchos contribuyentes con exenciones.
¿Cuál fue la opinión del vicepresidente Lenín Moreno sobre el veto a esta ley?
A mí me gustaría saberlo.
¿Ud. no analizó con él los alcances del veto?
Me reuní con él. Pero no sé qué opine de que toda su misión (Manuela Espejo) vaya a quedar en el limbo tras esa decisión de volvernos a calificar. No sabemos qué pasará, sobre todo cuando Moreno ya no esté en el cargo. Habrá que volverla a montar y planificar una Manuela Espejo…
¿Solo para cumplir el trámite burocrático de una nueva carnetización?
Sí. ¿Cuánto va a gastar el Gobierno en una nueva misión? Y eso que solo hablo de 345 000 personas ya inscritas. El último Censo de Población determina que hay 800 000 personas con discapacidad y, adicionalmente, 1,2 millones que no saben si la tienen. Estamos hablando de casi dos millones. ¿No era lo lógico que el trámite estatal se concentrara en carnetizar a la gente que aún no lo ha hecho?
¿Supone que Correa no hizo caso a Moreno al momento de redactar el veto?
En la reunión que tuvimos supuse que el Presidente comprendía la magnitud de este problema. Yo no sé si ellos volvieron a hablar, pero lo que está claro es que (Correa) no le hizo caso y que la Misión Manuela Espejo no significa tanto para el Presidente, como sí para el resto del país.
¿Se está enfriando el interés que el Régimen puso a las políticas de discapacidad en estos casi seis años?
Lo que quisiera es que no nos utilicen mediáticamente.
¿Ud. siente eso?
Sí, cuando uno recibe un veto como este, donde las argumentaciones son que no estamos preparados para dar educación a todas las personas con discapacidad o que no se dan abasto. Pero por el otro lado está la promoción de la revolución de las discapacidades. ¿Hay un trasfondo mediático o es que a Correa, el hecho de haber entregado todo el manejo de esta política a Moreno, le produjo ignorancia e incomprensión del tema?
¿Qué opina Ud.?
La votación del veto coincidió con el viaje del Vicepresidente al Reino Unido. Yo no sé si le jugaron sucio o él se prestó para no asumir esa responsabilidad.
El 10 de agosto pasado, Moreno dijo que el debate de esta ley demostraba que en el país sí hay consensos…
Siempre y cuando no se discrepe con el Presidente.
Y al día siguiente, Moreno endosó a Correa todos los logros en discapacidad.
Eso es político. Claro que sin plata no se hubiera logrado nada, pero eso no quiere decir que Correa comprenda lo que es vivir con una discapacidad…
¿Esta ley es paternalista?
Todo lo contrario. Yo siempre he intentado que seamos personas productivas y emprendedoras; que dependamos lo menos posible de terceras personas en todos los sentidos: asistencia, economía, autonomía. Ese es el espíritu de esta ley, donde yo recogí buena parte de mis vivencias y de mis triunfos.
¿Qué pasaría si el país, en algún momento, entra en una crisis fiscal? ¿Se corre el riesgo de que todos estos programas y beneficios naufraguen por falta de dinero?
La Constitución dice que este tema obliga a mantener un compromiso entre el Estado, la sociedad y la familia. La inclusión laboral o el acceso preferencial a las universidades privadas no dependen del Estado.
¿El Gobierno tuvo éxito en lograr que toda la sociedad asumiera este compromiso?
Desde luego que hay un enfoque distinto. Pero tampoco viene de ahorita. El voto de las personas con discapacidad lo peleé cuando tenía 18 años y logramos el lenguaje de señas en las campañas, las papeletas en braille, el voto asistido en las juntas. Hay dos formas de hacer revolución, la rápida y la lenta. La nuestra ha sido del segundo tipo.
¿Qué le reconoce Ud. al Gobierno en este tema?
Primero, nunca hemos tenido un Vicepresidente con discapacidad. Su imagen ha dado ese enfoque social y activo. Se ha logrado comprender el verdadero drama que tiene una madre entre salir a trabajar o cuidar a su hijo con algún problema. Lastimosamente, creo que el Presidente nunca comprendió esta situación. El Gobierno pretendió que esta ley tratara solo el tema de las discapacidades graves. Si eso hubiese pasado, el documento sí tendría un enfoque paternalista.
¿El Régimen busca con esta recarnetización el control total de la población con discapacidad para fines políticos o electorales?
Estamos en época electoral y la molestia de 345 000 personas con discapacidad no será poca cosa. Más bien creo que el Presidente ni siquiera pensó en lo electoral, solo en el bolsillo.
En esta ley Ud. trabajó muy cerca del Gobierno, al punto de ser incomprendida por la oposición. ¿Al final, por el tema del veto, se quedó sola?
Siempre voto con la oposición.
¿Había versiones de que votaría por la ley de medios?
Yo nunca he votado con el Gobierno. Lo que hay en la política es celos y personalidades difíciles. Mi proyecto de ley y mi condición me acercaban a Lenín. Además, como él mandó su proyecto, era necesario que los dos nos acercáramos.
¿Madera de Guerrero le dejó en absoluta libertad?
El alcalde Jaime Nebot sí me dio toda la apertura; pero me hubiera gustado que la bancada me apoyara más. Yo no vine a la Asamblea a hacer amigos y lamento mucho que Celso Maldonado (A. País) fuera vicepresidente de mi comisión. Él coordinó para que el veto pasara en la Asamblea con la abstención.
¿Le desanimó la política?
A mí me gusta cómo yo hago política y quisiera volver a la Asamblea Nacional, ahora con mucha más madurez para distinguir entre los lobos y los corderos.
¿Dónde están los lobos?
No todos están en el oficialismo, también en la oposición.
¿Moreno se merece el premio Nobel de la Paz?
Lo apoyé. El mensaje es importante para las personas con discapacidad porque significa que podemos llegar lejos. Eso es elevar nuestra autoestima.
HOJA DE VIDA
María Cristina Kronfle
Su trayectoria. Abogada y asambleísta de Guayas por Madera de Guerrero. Fue constituyente en el 2008. Junto con el Vicepresidente es la impulsora de la nueva Ley de Discapacidades.
Su punto de vista. Afirma que Correa privilegió el criterio económico a la hora de disponer una nueva carnetización en el plazo de un año.