La misión de las Naciones Unidas que investiga lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010 sostiene que ese día hubo un intento de desestabilización y una amenaza al orden constitucional y democrático del Ecuador. Así lo afirma Oscar Fernández Taranco, enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según un comunicado divulgado hoy por la agencia gubernamental Andes.
Fernández es el jefe de la misión que estuvo en el país por tres días para recoger versiones, testimonios y documentos sobre la sublevación policial e intento de golpe de Estado registrado en 2010.
“Los varios hechos del 30 de septiembre de 2010, que amenazaron la vida del Presidente de la República, obstaculizaron la labor legislativa, causaron el cierre de aeropuertos, así como otros acontecimientos, constituyeron un intento de desestabilización política, y una amenaza al orden constitucional y democrático”, sostiene Fernández en el comunicado citado por Andes.
En declaraciones a la agencia gubernamental, Fernández dijo que los hechos generaron alarma en la región e internacionalmente por la posibilidad de que pudiesen culminar en un golpe de Estado.
Fernández tuvo oportunidad de conocer información ya desclasificada por el gobierno, relativa al riesgo que sufrió el presidente Correa en su integridad física.
Según refiere el comunicado, altas autoridades civiles y militares expusieron al enviado de Banki Moon los detalles de la operación de rescate del mandatario, al que se le impidió salir del hospital de la Policía mediante amenazas y acciones violentas.
En este sentido, Fernández Taranco recordó que el mismo 30 de septiembre de 2010, el secretario general de la ONU, Banki Moon, declaró públicamente su profunda preocupación por los hechos y su enérgico apoyo a las instituciones del Ecuador y su gobierno elegido democráticamente.
El comunicado añade que el secretario general, así como otras organizaciones regionales y gobiernos del mundo, también reiteraron en esa ocasión su preocupación por la integridad física y el bienestar del presidente Rafael Correa.
Finalmente, el enviado de las Naciones Unidas exhortó a completar los procesos judiciales en curso y destacó que los mecanismos judiciales nacionales son los más adecuados para determinar los hechos y atribuir responsabilidades, según Andes.
