Ayer, a las 08:00, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Marcela Miranda, se reunió con tres delegados de las funciones del Estado.
En la cita de hora y media, que tuvo carácter reservado, participó Doris Soliz, ministra coordinadora de la Política. También fueron Fernando Cordero, de la Función Legislativa; Carlos Pólit, de la de Transparencia y Control Social; y Carlos Espinosa, por la Corte de Justicia.
La reunión fue convocada luego de que los delegados de las cinco funciones no asistieran, la semana anterior, a la ceremonia de posesión de la comisión ciudadana de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Por su inasistencia, este concurso no pudo ser convocado.
A través de un boletín de prensa, el Ministerio de Coordinación Política informó que la reunión de trabajó fue para analizar el “posible conflicto que se pudiera presentar entre el concurso para la integración del Consejo Judicatura y la consulta popular que impulsa el Gobierno”. Entre otros temas, está reestructurar el sistema judicial.
La Presidenta del Consejo de Participación no quiso hablar sobre la reunión reservada. Pero este Diario conoció que se pretende hacer dos consultas legales. La primera, a la Contraloría, para determinar si es posible hacer el concurso de Judicatura aunque se gasten recursos públicos que podrían ser perdidos si la propuesta del Primer Mandatario es aceptada en el plebiscito por la ciudadanía.
La segunda consulta sería a la Corte Constitucional, para determinar si el concurso puede quedar insubsistente, después de convocar a la consulta.
El consejero Luis Pachala recalcó que no se agotarán los mecanismos para llevar adelante el concurso que está paralizado.
Mientras que el vocal David Rosero dice que no se pueden dar más dilatorias al concurso porque se están violentando los derechos de los comisionados.