El oficio, firmado por el subsecretario Fernando Yánez Balarezo, señala que la UNE tiene 15 días para presentar evidencias o pruebas de no haber incurrido en las causales de destitución. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Unión Nacional de Educadores (UNE) enfrenta su posible disolución después de 66 años de vida jurídica. Esto tras una notificación del Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito.
El oficio, firmado por el subsecretario Fernando Yánez Balarezo, se hizo público hoy, 21 de julio de 2017. Ahí se señala que la UNE tiene 15 días para presentar evidencias o pruebas de no haber incurrido en las causales de destitución.
Caso contrario su liquidación se ejecutará cinco días después. Esto lo indica el documento, en el que no se deja claro cuál es el incumplimiento en el que habría incurrido la organización.
Textualmente indica: “de la revisión y análisis del expediente de la Unión Nacional de Educadores, se determinó que dicha Organización Social, presuntamente incumplió con la Codificación y Reforma Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, expedido con Decreto Ejecutivo No. 739, de 03 de agosto de 2015, Art 22 numeral 7”.
Esta norma, en dicho artículo y numeral, manda que será causal de disolución “incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”.
Las otras causales enumeradas en el Reglamento son: falsedad o adulteración de la documentación e información proporcionada; desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida; contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las autoridades competentes para otorgamiento de personalidad jurídica o por los entes de control y regulación; disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido; finalización del plazo establecido en su estatuto.
También dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten a la paz pública.
Todo esto se enmarca en el Sistema de Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), que nació con el Decreto Ejecutivo 16, del 4 de junio de 2013. Este está regido por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP).
En la página sociedadcivil.gob.ec constan actualmente 77 245 organizaciones sociales en el directorio. Y la UNE está como activa y tiene el Código 0000089515. En su ficha básica se especifica que está bajo rectoría del Ministerio de Educación.
El Decreto 16 fue demandado ante la Corte Constitucional por varias organizaciones sociales, como la Ecuarunari, Fundamedios y la Confederación de Comerciantes Minoristas.
Además de que sus representantes lo siguen viendo como una forma de coartar la libertad de asociación y de controlar a la sociedad civil, el Suios demoró en concretarse y el proceso de registro, obligatorio, no los satisfizo.
Incluso, durante el primer año de vigencia, la misma Secretaría no podía responder a las dudas que generaba la aplicación del Decreto y el Suios, durante la administración de Viviana Bonilla.
Este Reglamento abarca a todas las organizaciones. Es decir corporaciones, ONG, veedurías, observatorios, federaciones, gremios, legalmente constituidos o de hecho. Por esto es que la protesta en contra del Decreto 16 continúa.
Las organizaciones sociales incluso lo mencionaron al Comité de Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas, en su último examen especial a Ecuador. Y ante la evidencia mostrada en Ginebra, la ONU señaló este tema como uno de sus principales motivos de preocupación y recomendaciones.
Sobre la libertad de asociación al Comité le preocupa que la legislación del Estado “contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas”.
Y por eso recomendó que se revise la legislación con el fin de asegurar que la misma sea plenamente compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para que todas las personas puedan gozar plenamente del derecho a la libertad de asociación.
Y es precisamente por esto que Fundamedios lanzó una alerta tras conocer el comunicado de la Subsecretaría de Educación. Según esta ONG, el Gobierno inició el proceso de disolución luego de que la presidenta de la UNE, Rosana Palacios, participó de estas sesiones y de las de la Organización Internacional del Trabajo, en junio. Ya que “en aquellas instancias la UNE presentó información sobre violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación en los últimos años”.
El Ministerio de Educación, tras la consulta de este Diario, ofreció brindar respuestas hoy a través de un comunicado.
La primera organización cerrada con el Decreto 16, a través del Ministerio de Ambiente, fue Fundación Pachamama, que se había dedicado a la defensa ambiental e indígena durante 16 años. Esto sucedió en diciembre de 2013.
