Faltan solo tres días para que el veto presidencial a la Ley de Participación Ciudadana entre en vigencia por el Ministerio de la Ley (el 3 de abril). Sin embargo, el mecanismo legislativo mediante el cual se tramitó la objeción presidencial despierta dudas.
Luis Morales (Prian), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, es uno de los legisladores que cuestiona la idoneidad del tratamiento del veto.
El presidente Rafael Correa, en su calidad de colegislador, propuso que los medios de comunicación privados rindan cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana.
Para Morales, incluir a los medios en este esquema de rendición de cuentas, en el que por ley solo estaban contempladas las entidades estatales y las privadas que brindan servicios públicos, fue un gol del Ejecutivo.
Aunque, reconoció que la jugada maestra fue desarrollada por Fernando Cordero, titular de la Asamblea Nacional, el jueves 25.
Para Morales, ese día se buscó el momento menos esperado para retomar la votación del veto que, por falta de quórum, fue suspendida dos días atrás. Cordero, en una breve votación, se allanó a la propuesta de Correa. En la plenaria de la tarde del jueves estaban 96 de los 124 asambleístas.
El veto de Correa quedó dividido en dos. Un grupo de artículos pasaron con una votación de mayoría simple (la mitad más uno de los legisladores presentes).
El segundo grupo de artículos, entre los cuales se encontraba el 88, en el que se incluyó la rendición de cuentas para los medios, quedó en suspenso. Esto luego de que Morales propusiera a la sala insistir en los textos originales de la Asamblea. Para esta moción no hubo los votos suficientes (dos tercios de los legisladores).
Como tampoco hubo una votación para apoyar los textos del Ejecutivo, estos artículos quedaron a merced del Ministerio de la Ley.
Por eso, ayer Morales utilizó su último recurso al solicitar la reconsideración de la votación fallida. Pero tal solicitud fue negada.
Solamente 57 asambleístas lo respaldaron. La Asamblea no tiene previsto retomar el tema.
Morales y Galo Lara (PSP), vicepresidente de la comisión, insisten en sus reparos.
“Hemos luchado para mantener la democracia; si no, que el Presidente de la República elabore todas las leyes”, señala Morales.
Ambos estudiarán la posibilidad de entablar una demanda de inconstitucionalidad. Argumentan que el artículo 138 de la Constitución establece que no podrá introducirse en el veto del Ejecutivo un tema que no ha sido tratado por la Asamblea.
Marco Proaño Maya, ex legislador, se acoge a este alegato. Y apunta que constitucionalmente el Parlamento solo puede aprobar proyectos de ley que se refieran a determinada materia.
El asambleísta Fausto Cobo (PSP) señala que en el veto se confunden los temas a legislar.
“La comunicación es un derecho, confunden entre servicio público y servicio al público. Buscan cualquier instrumento para lograr el objetivo político de Carondelet: controlar a los medios”.
Morales también se quejó porque el miércoles pasado, la Dirección de Comunicación de la Asamblea, le pidió participar en un video que sería transmitido en cadena nacional, el viernes 26.
Allí, según él, se iba a decir que la Ley de Participación Ciudadana ya fue aprobada. “Pero luego excluyeron mi punto de vista”.
Julia Ortega, la directora de Comunicación de la Asamblea, descartó eso. Señaló que se entrevistó a Morales para sus cadenas quincenales. Pero luego, Ortega decidió no tocar este tema porque la votación fue confusa. Además, creyó necesario que Cordero hablara sobre la fiscalización. En la próxima cadena esperan tratar este y otros temas.
Dentro de la bancada
Mao Moreno, asambleísta de Alianza País, niega que se hayan mezclado los temas al incluir la rendición de cuentas de los medios de comunicación en la Ley de Participación Ciudadana.
“El espectro radiofónico y la información es un bien público. Los propietarios de los medios y quienes los dirigen deben ser responsables y rendir cuentas”.
Moreno también sostiene que en todas las comisiones se habla de la necesidad de que se garantice la participación ciudadana, de que exista la llamada silla vacía. “Las leyes no deben construirse aisladamente, el fondo constitucional es articularlas, por eso la propuesta de reconsiderar el veto presidencial no tuvo eco”.
El plan de trabajo hasta el 2013 entró a discusión
Unas 80 propuestas de temas fueron presentadas por Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, ayer, en la reunión con los jefes de las bancadas. Entre otras habló de un código de relaciones laborales, un proyecto sobre explotación minera.
El objetivo de la sesión de trabajo era delinear el Plan Legislativo de cara a los próximos tres años, en el período 2010- 2013. Aún no se definió nada.
A la convocatoria acudieron los asambleístas Paco Moncayo, Gilmar Gutiérrez, Richard Guillén, César Montúfar, Enrique Herrería, Luis Morales, Fernando Flores, Jorge Escala, Cléber Jiménez, Rocío Valarezo, César Rodríguez y Pamela Falconí.
Cordero señaló que el Legislativo, durante el receso de 15 días que concluyó el jueves 4 de marzo, consultó a la ciudadanía sobre los proyectos que requiere.
También indicó que era necesario intensificar la depuración de la normativa vigente. Algunos cuerpos legales están obsoletos o contradicen a la Constitución.
Se espera que hasta mayo concluya el trámite de los proyectos de ley que responden a las disposiciones constitucionales.
Y a partir de junio se podría empezar a tratar la programación legislativa, para cumplir con la transitoria primera de la Constitución, que determina que el ordenamiento jurídico será aprobado durante el primer mandato de la Asamblea Nacional.
En otro tema, algunos integrantes de la bancada oficialista de Alianza País tenían previsto acudir anoche a una cena. Entre los participantes estaban Mao Moreno, Gastón Gagliardo y Raúl Abad. La lista completa de los asambleístas no fue revelada.