Cinco funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) son indagados penalmente. Ellos son acusados de la supuesta adjudicación irregular de un contrato para la impresión de papeletas y padrones para el censo de Población y Vivienda que se cumplirá desde noviembre próximo.
Ayer, el director del INEC, Byron Villacís, aseguró que los empleados fueron removidos del proyecto del Censo y deberán responder ante las autoridades.
En junio pasado, el contrato fue adjudicado a la empresa Taski, que presentó una oferta de USD 6,5 millones, para la impresión del material. Según la compañía, el contrato significó un ahorro de USD 800 000, pues el precio referencial del Instituto alcanzaba los USD 7,3 millones.
Sin embargo, en agosto, luego de una revisión del convenio, se detectó que había un supuesto sobreprecio en la oferta y en el precio referencial. La Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y la Escuela Superior Politécnica del Ejército (Espe) realizaron un estudio sobre los costos y encontraron que el monto no debía superar los USD 4,5 millones.
Por ello, se suspendió el contrato y se lo dividió. Ahora, la impresión del material para la capacitación fue entregada al Instituto Geográfico Militar, por USD 1,54 millones; y a Maxigraf (incautada a los hermanos Isaías), para los documentos del empadronamiento, por USD 2,85 millones.
La Dirección Jurídica del INEC dijo que uno de los errores registrados por parte de la empresa fue que en la etapa de preguntas y respuestas de los pliegos se hicieron modificaciones a los requerimientos técnicos de estos procesos. Según al Instituto Nacional de Compras Públicas cualquier modificación debía formar parte de la oferta técnica presentada y como Taski supuestamente no actuó así, no se calificó a la empresa.
El director de la empresa Taski, Óscar Ayerve, aseguró que no se podía dividir el contrato, pues eso lo prohíbe la Ley de Contratación Pública. Por ello, pidió la destitución de Villacís. A su criterio, se pasaron por alto los procesos precontractuales y se cambiaron las especificaciones técnicas pedidas para imprimir las papeletas.
Asimismo, recalcó que fue el INEC el organismo que planteó las bases del concurso y el precio referencial para la licitación.
Sin embargo, Villacís aclaró que la Contraloría está investigando el proceso precontractual y contractual, para determinar si hubo o no irregularidades.
Mientras tanto, la Fiscalía inició la indagación. Hace una semana, el fiscal, Washington Pesántez, dispuso que se investigara las supuestas anomalías que pudieran determinar un presunto enriquecimiento ilícito o peculado.
“Varias instituciones nos notificaron que podríamos encontrar empresas que realicen las boletas de forma más barata. Tengo que advertir que el INEC fue el que realizó todas las gestiones para realizar el cambio y reestructurar las cosas. Se identifica que existió un error dentro del proceso contractual”, explicó Villacís.
Para Ayerve hay una “falta de seriedad” por parte del INEC. Él dijo que su empresa empezó con el trabajo e imprimió 1 200 000 papeletas. Además, aseguró que con esta decisión hay un perjuicio enorme contra su compañía y pidió que se investigue por qué se “inflaron los precios”.