El Instituto de la Meritocracia funciona en el norte de Quito. Se encarga de supervisar los concursos para la elección de servidores públicos. Foto: EL COMERCIO
El compromiso es la búsqueda de los mejores. La meritocracia, un concepto ampliamente usado por el Régimen desde sus inicios, le apunta a los mejores perfiles para ocupar las vacantes de la función pública, a través de concursos de méritos y oposición.
Todos los servidores públicos, para ingresar a sus puestos y ser ascendidos o promovidos en su carrera administrativa, deben pasar por un concurso, según establece el artículo 228 de la Constitución. Por fuera de esta norma están solamente las autoridades de elección popular y las de libre remoción.
Para supervisar el cumplimiento de ese mandato constitucional en la Función Ejecutiva se creó el Instituto de la Meritocracia, adscrito al Ministerio del Trabajo. El organismo funciona desde el 2011 y es la prueba de que la meritocracia, de momento, se ha quedado solamente en el discurso.
Boris Valencia, su director, niega que la meritocracia sea algo que se quedó en palabras. Por eso muestra las cifras que manejan: en el 2013, 2 030 personas ganaron un concurso y obtuvieron su nombramiento; en el 2014 fueron 2 625.
Pero de las 127 instituciones del Ejecutivo, muchas de ellas siguen contratando a su personal sin concursos. Además, Valencia admite que hay aún funcionarios que trabajan bajo la modalidad de contrato y no llegan a un nombramiento a pesar de los años de servicio en una misma institución. Se renuevan los contratos año tras año y no hay concurso meritocrático que les otorgue un nombramiento y, por lo tanto, estabilidad laboral.
En el Instituto se niegan a dar datos al respecto, aunque señalan que por esta falta de compromiso de algunas instituciones se emitió en noviembre del 2014 una nueva normativa para la selección de personal.
El Acuerdo Ministerial 222 cambia la lógica de la entidad y determina que hagan un seguimiento de todos los pasos del concurso de méritos y oposición, pues antes solo se encargaba de revisar al finalizar el proceso. Además, reduce el tiempo de toda la selección de 150 a 38 días laborables.
“Con esto se le da un giro al Instituto con el fin de fortalecer la meritocracia en el país”, señala Valencia. Esperan que hasta el primer semestre del 2015 se hayan concretado hasta 3 000 concursos de selección.
Pero todos estos concursos son para escoger cargos bajos y medios, es decir, los que están regulados por una escala de 20 grados, que fija los sueldos para los servidores públicos.
Por fuera de esta escala están los servidores públicos de elección popular y los de libre remoción, que son justamente los más altos funcionarios del Estado. Para ellos no hay meritocracia. Estos cargos de nivel jerárquico en la Función Ejecutiva, como viceministros, subsecretarios, gerentes y directores nacionales, son “de confianza”, por lo que no están sujetos a este tipo de elecciones y son de libre remoción.
“No existe una normativa para la selección de los directivos o funcionarios de nivel jerárquico. El tema es que, al ser cargos de confianza, significa que cada nueva autoridad (ministro) va a querer trabajar con su equipo, de manera que sea competitivo en su trabajo”, asegura Valencia.
Sin embargo, el Instituto de la Meritocracia ha implementado un sistema de reclutamiento de directivos de nivel jerárquico, para las entidades que lo requieran. Se trata de una unidad de “head hunting” que presenta busca candidatos para un puesto y presenta ternas para que las instituciones escojan al adecuado.
El proceso de selección
El Instituto de la Meritocracia se encarga de hacer el seguimiento de todos los pasos de los concursos de méritos y oposición que deben realizar las instituciones públicas para contratar. Desde la certificación presupuestaria hasta la declaratoria de los ganadores y luego el seguimiento posterior (ver gráfico) son las tareas de esta entidad.
Para la selección del ganador se considera el perfil ideal para el cargo y las bases o requisitos, dentro de la etapa de méritos. Por ello, el ganador puede ser alguien que no tenga varios títulos académicos si su perfil está más apegado al que se busca para el cargo.
En la fase de oposición, en cambio se toma una prueba de psicotécnica y se realizan las entrevistas a los candidatos.
Una vez que se declara el ganador, se le otorga un nombramiento provisional. El definitivo es asignado si se supera una evaluación realizada en los primeros 90 días de trabajo. Para superarla es necesario obtener una calificación mínima de 70 sobre 100 puntos.
Además, el Ministerio del Trabajo realiza dos evaluaciones anuales (también sobre 100 puntos) a todos los servidores. De acuerdo con la calificación, la entidad decide si se procede con una desvinculación o si se le otorga, por ejemplo, más capacitación para que cumpla mejor sus tareas.
Los funcionarios que no estén satisfechos con la calificación obtenida en la evaluación pueden apelar ante el Ministerio del Trabajo.
‘El único mérito es la obediencia’
Martha Roldós
Exasambleísta constituyente
La meritocracia es otro tema en el que hay doble discurso. Se presiona a los servidores a sacar posgrados, sin embargo no es algo que haya en las propias filas del Gobierno.
Tenemos un vicepresidente que copió el marco teórico de su tesis de grado, una presidenta de la Asamblea sin títulos, un grado en combo de los señores Alvarado, el título falso de Pedro Delgado.
La meritocracia fue exigencia para nosotros, pero no para quienes están en el poder. Aparte, es un tema que se puede volver absurdo porque se convierte solamente en títulos y no considera, por ejemplo, toda una vida de desempeño y ejercicio del oficio.
Sin embargo, lo que hemos visto en los concursos para seleccionar a autoridades, como el último para el Consejo Nacional Electoral, demuestra que la meritocracia es un concepto vacío y que el único mérito es la obediencia.
En contexto
En la Constitución del 2008, se incluyó un artículo que señala que la carrera administrativa en la función pública debe ser a través de concursos. El Instituto de la Meritocracia fue creado en abril del 2011 mediante Decreto Ejecutivo 737.
La Frase
“Hoy, los ministros son en su mayoría profesionales muy preparados, tienen estudios de cuarto nivel en universidades reconocidas”.
Boris Valencia, director
