Sumar la mínima cantidad de firmas (31) para iniciar un juicio político en contra del fiscal Washington Pesántez, fue suficiente para que el bloque de Alianza País diga que fue una decisión tomada en conjunto.
En la reunión que los asambleístas del oficialismo tuvieron la noche del miércoles, solo 33 de sus legisladores suscribieron dicha solicitud. Los otros 25 (A. País tiene 58 curules), no pusieron su rúbrica. Pesántez es acusado por supuesto mal uso de bienes del Estado, anomalías en la Fiscalía y abuso de poder.
¿Por qué no firmaron todos? ¿Por qué A. País afirma que enjuiciar al Fiscal es una decisión de bloque cuando el 56% de la bancada firmó la solicitud?
Virgilio Hernández dijo que existen puntos de vista diferentes sobre el tema. Pero la decisión fue asumida en conjunto. “Estamos cumpliendo con lo que nos pide la Constitución, al presentar el 25% de miembros de la Asamblea para iniciar el juicio político”.
A este criterio se suma Rosana Alvarado, quien precisó que la resolución fue de mayoría por votación. En ese sentido, recalcó que todos sus coidearios se acogieron de forma unánime a lo que decidieron los 33 firmantes, pese a que las discrepancias por este caso se mantienen.
Rolando Panchana, quien dijo que no votó a favor de iniciar el juicio y “tampoco lo haría”, resaltó que respeta la medida. No obstante, indicó que él, por su cuenta, investigará el caso para sacar sus propias conclusiones.
Juan Carlos Cassinelli se abstuvo de votar. La razón: es el único miembro del bloque que tiene una indagación previa. “Quiero evitar favoritismos y perjuicios por situaciones personales. Me abstuve, pero lo respeto”.
Hasta la noche del martes, los asambleístas del oficialismo no descartaban la posibilidad de que se sumen más firmas a la solicitud de juicio político. Sin embargo, al finalizar la sesión número 33 del Pleno, María Paula Romo señaló que no solicitarán adhesiones de otras bancadas, pero estas se irían recopilando durante el trámite del juicio.
La solicitud contiene cinco acusaciones distintas contra Pesántes, las cuales contienen sus respectivos casos. “El de Natalia Emme está incluido como abuso de poder y falta de probidad”, señaló la asambleísta Romo.
Ayer estaba previsto que los legisladores de A. País presentaran la solicitud ante el Consejo Administrativo del Legislativo (CAL). Dicha dependencia, en un plazo de cinco días, deberá remitir la solicitud a la Comisión de Fiscalización, para iniciar el proceso de sustanciación y notificación. Hasta el cierre de esta edición, el trámite ante el CAL no se realizaba.
Finalmente, Romo, en declaraciones a Radio Sonarama, dijo que deberá escoger a los dos interpelantes de Pesántez. Pero no adelantó nombres.