‘Me acusaron de sabotaje y terrorismo, pero me siguieron un juicio penal por obstrucción de la vía pública. Y, cuando me apresaron el 25 de octubre, me mostraron una boleta del Tribunal Primero de Garantías Penales por atentar contra la paz y seguridad del Estado. Como no soy abogado no sé si todo eso es el mismo delito.
Era la primera vez que estaba preso. Esta experiencia fue dura. En la cárcel hay gente inocente o que ha cometido un delito. Hay penas duras, pero no existe una rehabilitación verdadera.
Los primeros días tuve miedo. Había personas que me amenazaban y me pedían dinero. Los internos, luego de conocer que soy dirigente indígena, me dieron apoyo. Incluso, hubo presos que ofrecieron defenderme.
Los 17 días de detención también fueron de análisis. ¿Qué hago en la cárcel? ¿Por qué estaba privado de dar mi opinión? Fueron varias preguntas que me hice. Y concluí que estaba detenido por defender los derechos del pueblo indígena. Eso me dio ánimo. Además, más de 1 000 personas me visitaron durante mi encarcelamiento.
A nivel nacional hay 203 juicios, todos por movilizaciones colectivas. Siempre hemos luchado por los derechos colectivos, como el acceso al agua.
Es por eso que a mí me sorprendió que la denuncia en mi contra del ex gobernador de Imbabura, Luis Salazar, se planteara por sabotaje y terrorismo.
Esta ansia de encarcelar a dirigentes sociales cuenta con el apoyo del gobierno de Rafael Correa. La orden es perseguir a los dirigentes y buscar su culpabilidad.
Pero la Fiscalía no pudo sostener el dictamen acusatorio por terrorismo. Jamás hemos usado armas, no atentamos contra el Estado. Hemos hecho movilizaciones de lucha pacífica y de demanda por el respeto de los derechos de los pueblos.
Sin embargo la orden fue buscar, de cualquier forma, un delito grave. Cuando no pudieron probar el de terrorismo, la Fiscalía me acusó del cierre de las vías de Imbabura. Fui procesado por este delito y en el juzgamiento se comprobó mi inocencia.
Lamentablemente en el país hay gente aprovechadora que se filtra en los espacios políticos del poder. Cuando el movimiento Pachakutik tenía mayor fuerza se aprovecharon de nosotros, políticos como Mario Conejo, alcalde de Otavalo; Gabriela Rivadeneira, actual gobernadora de Imbabura, y Luis Salazar, el ex gobernador que me acusó.
Varios sectores nos opusimos a esos aprovechadores, porque no eran militantes de corazón. Solo estaban por captar espacios de poder. Luego se cambiaron de camiseta como lo hace cualquier político . Ahora militan en el movimiento Alianza País y atacan al movimiento indígena.
Me mantengo en que mi reclusión fue una persecución política. El Gobierno, con su visión de derecha, intenta atropellar al movimiento indígena. Intenta, por ejemplo, explotar zonas mineras del país y promulgan leyes sin la consulta a los pueblos. Veo con mucha preocupación esta situación.
Con la declaratoria de mi inocencia se comprobó que mi detención fue injusta. Esta experiencia es hoy parte de mi trayectoria como dirigente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI). Para mí, estar privado de la libertad fue una experiencia que no le deseo a otro dirigente indígena.
Yo tenía previsto dejar la dirigencia de la FICI. Sin embargo, con todo lo que ha pasado seguiré luchando, si los dirigentes de las 200 comunidades que conforman la FICI me dan oportunidad de seguir en la dirigencia”.