Maestros jubilados esperan sus cheques

Joffre Roldán Izquierdo tiene 68 años y durante 44 trabajó como maestro. Daba clases de matemáticas. Ahora habla con la jerga de los abogados y no sale de su casa sin la Constitución. Ha memorizado varios de sus articulados; se la pasa enviando correos electrónicos a la prensa y en reuniones como la que tuvo el 18 de diciembre, con Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales. O en septiembre del 2011 con el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero.

Él es parte de un grupo de 105 docentes jubilados de El Oro, que el 30 de noviembre del 2009 acudió a la justicia para obtener USD 20 000, para completar la bonificación económica de USD 33 000, que entonces regía como estímulo estatal para retirarse. A él y a sus compañeros se les entregaron únicamente USD 12 000. Así que reclaman la diferencia.

Por ello interpusieron una acción de protección en contra de la Dirección de Educación de su provincia. Y hasta ahora han ganado. Tras una sentencia a su favor, el 4 de octubre del 2011, el Ministerio de Educación del Régimen depositó USD 2 049 500 en la cuenta del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia, en la matriz del Banco del Pichincha de Machala. Con ello podrían recibir en promedio USD 20 000 extras, que, a sus ojos, complementarían el estímulo de la jubilación. Y fin del problema.

Pero el Ministerio ha apelado ante varias instancias, una la Corte de Justicia de El Oro y otra, ante la Corte Constitucional, que no consideró procedente la acción de protección extraordinaria.

Eso se observa al revisar una carpeta con documentos, que proporciona el asambleísta del MPD, Jorge Escala, quien fuera ex presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

En esa carpeta también hay un documento que muestra que tras la decisión de la jueza Vanessa Cevallos, el Ministerio del ramo pidió que fuera destituida y logró su objetivo.

Para Escala, las cosas están claras: el Ministerio tiene una deuda de alrededor de USD 150 millones con 7 748 maestros, que se acogieron al beneficio (estímulo para jubilarse) entre octubre del 2008 y el 2010.

“No es un retroactivo, como ha alegado el presidente Fernando Cordero las últimas semanas. Es una deuda”, reitera Escala, quien pide leer la transitoria 21, que ayudó a redactar como asambleísta constituyente en Montecristi.

Hace 13 días los jubilados fueron a la Asamblea a insistir que se los escuche y a que se cumpla el ofrecimiento del titular legislativo, el año pasado, de ser mediador.

La transitoria 21 establece que el Estado estimulará la jubilación de los docentes del sector público, mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y años de servicio. El monto máximo será de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en general por año de servicios.

El emepedista señala que Alianza País trató de bloquear esta transitoria. Pero recuerda que en esa época se instaló una huelga de hambre de delegados del magisterio en Montecristi, que concluyó con su ratificación. Esta entró en vigencia con la Constitución.

En el 2008, el estímulo equivalió a USD 33 000; en el 2009, 36 000; y en el 2010, 39 000. Pero el Ministerio no lee así la transitoria. Sus voceros señalaron a este Diario que la transitoria determina el “monto máximo” del estímulo y, para regular “los procedimientos y métodos de cálculo” se remite a la Ley vigente entre el 2008 y el 2010. Es decir, la de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su reglamento, que fijaban su monto dentro del límite máximo determinado por la Constitución.

El Ministerio comparte el criterio de Cordero, quien dijo hace 13 días que no existe retroactividad. Un vocero de la Cartera de Estado señaló que el Presidente de la Asamblea ha emitido una opinión apegada a derecho que busca evitar que con fines exclusivamente electorales, se engañe a los docentes jubilados, con la expectativa del pago del monto del estímulo previsto en una ley inexistente en el 2008, 2009 y 2010: la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue recién expedida en el 2011 y, por tanto, está vigente a partir de ese año.

Pero Joffre Roldán desmiente a Cordero y le pide recordar lo que les dijo en septiembre del 2011, a más de 200 maestros, en el salón del ex Senado. Como prueba muestra un video en el que se escucha a él decirles que “cuando hay sentencias confirmadas las tenemos que acatar. Es necesario llegar a un acuerdo inteligente con ustedes, un acuerdo de pago”. Allí el titular Cordero se habría comprometido a hablar del caso, dándoles la razón, con la ministra de Educación, Gloria Vidal.

Pero hasta la fecha, esta historia no tiene desenlace. Y en este tiempo, siete de los 105 maestros de El Oro, que emprendieron la acción de protección en contra de la Dirección de Educación, han fallecido. Otros tienen enfermedades catastróficas como cáncer.

Roldán espera que la cita que mantuvo el martes pasado con el Ministro de Relaciones Laborales tenga un efecto positivo. Vacas les había dicho que el año estaba por terminar, por lo que les pidió esperar hasta el 2013. Se comprometió a escribirles a sus correos electrónicos, para darles noticias.

Escala, quien busca la reelección, presentó un proyecto de Ley Interpretativa a la disposición general novena de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. “Tiene informe favorable para primer debate, pero Cordero la tiene ya tres meses en su gaveta. No le importa que se trata de grupos vulnerables, son adultos mayores, que deberían tener atención prioritaria”.

“En septiembre del 2011, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, nos dijo a 200 maestros, que iba a acatar la sentencia”.

Joffre Roldán/ Maestro jubilado