Una misión de altas autoridades ecuatorianas tiene una cita en la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) para hablar sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa.
La delegación viajó ayer y la encabezó el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, así como delegados de la Procuraduría y de la Asamblea Nacional.
Pazmiño manifestó que el objetivo del viaje será aclarar la denuncia que presentó el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, quien dijo que en Ecuador están en peligro las libertades de expresión y de prensa.
En marzo pasado, Ricaurte estuvo en una audiencia en la Comisión Interamericana y habló sobre la situación de esos derechos fundamentales en el país y sobre el rol que cumplen las instituciones estatales encargadas de hacer respetar esas garantías.
Según Pazmiño, una de las organizaciones aludidas fue la Corte Constitucional y por eso se entregará a la CIDH los insumos para descartar esa queja. Por eso, han concretado una cita con el secretario de la Comisión, Santiago Cantón, y con otros funcionarios del organismo regional. También está previsto que tengan una charla con José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA.
Ricaurte aseguró que el viaje de la misión ecuatoriana es positivo. Él considera que será el momento para que se realice un balance de los tres compromisos adquiridos por el Estado en marzo.
El primero fue impulsar una despenalización de los delitos de opinión. Esta es una tendencia que toma fuerza en el continente y que es impulsada por la CIDH.
Este acuerdo no es una novedad para el Gobierno. Actualmente, el Ministerio de Justicia trabaja en una reforma legal para eliminar el desacato (faltar de palabra a los dignatarios públicos) y la injuria calumniosa en contra de los funcionarios públicos.
Este proyecto empezó a sociabilizarse a finales del año pasado, pero hasta el momento no ha sido remitido a la Asamblea para su debate y su aprobación.
El segundo compromiso fue permitir que una comisión de observadores de la Comisión visitara Ecuador para analizar la situación de la libertad de expresión. La Comisión Interamericana, en su último informe, evidenció su preocupación por las denuncias de supuestas agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación y del ambiente conflictivo entre el Gobierno y la prensa.
El tercero era ratificar si la Ley de Comunicación será enviada a la Comisión para que emita su posición. Esa fue una decisión que se hizo pública en diciembre del año pasado, luego de que concluyera el primer debate del proyecto legal en la Asamblea Nacional.
Los integrantes del movimiento Alianza País anunciaron que enviarán la ley para que se verifique si no se violentaron los derechos fundamentales y humanos.
En ese sentido, Ricaurte informó que Fundamedios envió a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, una copia del proyecto elaborado por el equipo legislativo para su estudio. Esperan tener una respuesta próximamente.