La recuperación de la libertad del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumplía una condena de 8 años de cárcel por los casos Odebrecht y Sobornos, generó revuelo en el escenario político del país este domingo 10 de abril de 2022.
Lo ocurrido puso en una posición incómoda a la administración de Guillermo Lasso. Tras el fallo judicial, la Presidencia de la República emitió dos comunicados. Uno donde expresó “su rechazo y desacuerdo jurídico” con la resolución judicial, aunque “con el debido respeto por el principio de independencia de poderes”.
Un segundo comunicado, a la medianoche del sábado, fue para señalar que “por orden de la Presidencia de la República y del Ministerio de Gobierno, el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (Snai) apelará la decisión del juez de la parroquia de Manglaralto (Santa Elena), Javier Moscoso”.
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, informó este domingo 10 de abril que la apelación se concretó, pero después de que ya se había emitido la boleta de excarcelación para Glas, quien permaneció recluido cuatro años y medio por asociación ilícita y sobornos.
“Es de conocimiento público que el ciudadano Jorge Glas Espinel, a la presente fecha se encuentra recluido en el centro de privación de libertad Cotopaxi N°1 y, el hoy accionante, no ha demostrado en ningún momento estar recluido en otro centro distinto”, por lo que el juez de Manglaralto “no es competente, en función del territorio, para conocer y resolver sobre la presente acción constitucional”.
Así se lee en un extracto del oficio que se compone de 4 páginas dirigido a Moscoso por parte de Snai, organismo que poco después de conocida la resolución judicial aseguró que “este Servicio, como órgano ejecutor dentro de los centros de privación de libertad -y en estricto respeto a la independencia de funciones- acata la medida judicial relacionada al privado de libertad, J. Glas”.
Festejos en el correísmo
Glas recobró su libertad antes del mediodía de este domingo, menos de 11 horas después de la resolución del juez. En los exteriores de la cárcel de Latacunga fue recibido por sus simpatizantes, y varios asambleístas del correísmo: lo catalogaron como un “héroe” con el argumento de que fue sentenciado “por la fuerza de las circunstancias y no con pruebas”.
“Hoy vemos una luz de decencia en medio de tantos atropellos (…). La persecución no ha logrado quebrar ese espíritu de lucha, porque no pueden vencer a quien jamás se rinde. Seguiremos en esta lucha de búsqueda de verdad y justicia”, tuiteó la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga.
La organización política organizó una caravana que tenía previsto acompañarlo a Guayaquil, donde reside Glas.
Acusaciones de pactos
El Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado firmado por su presidente vitalicio, Jaime Nebot, su presidente nacional, Alfredo Serrano, y el jefe de la bancada legislativa, Esteban Torres. Señaló que esto es producto de un pacto entre Lasso y el expresidente Rafael Correa.
Añadió que a esto se suma la reforma tributaria, que entró en vigor después de que el bloque correísta se abstuvo de votar por el archivo, las amnistías concedidas a algunos de sus líderes por las protestas de octubre de 2019 y unas medidas cautelares que obtuvo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para frenar su remoción.
Eso fue rechazado de inmediato por Correa, quien reside en Bélgica. “Consulten con su exsocio, Guillermo Lasso, y sus periodistas acólitos que dicen exactamente lo contrario: que tenemos un pacto con Nebot”, tuiteó.
Lasso no se pronunció públicamente hasta el cierre de esta nota. Solo replicó un comunicado de la Secretaría de Comunicación. Sin embargo, el presidente del movimiento oficialista Creo, Guido Chiriboga, y el coordinador de la bancada, Juan Fernando Flores, reaccionaron: “si existe pacto, y es aquel notorio entre el PSC y el correísmo. Aquel pacto de cargos y sentencias a cambio de impunidad de ambas bandas, siempre manteniendo el manejo y metida de mano a las cortes”.
“El PSC y el correísmo han estado en una no tan santa alianza por ya 15 años, y han votado continuamente de la mano en la Asamblea en los temas más importantes”, añadieron en un comunicado conjunto.
Yaku Pérez, excandidato presidencial de Pachakutik, remarcó que “si Glas sale en libertad es inobjetable el acuerdo” entre Lasso y Correa. “Habeas Corpus es para detenciones ilegales no para presos con sentencias ejecutoriadas. Lindo la cosa robó, par de años preso y ahora a vivir como rey con el dinero del pueblo”, agregó Pérez, abogado de profesión.
Pachakutik en un comunicado sostuvo que “para toda la ciudadanía es evidente el pacto logrado entre el correísmo, los socialcristianos y el Gobierno” y pronosticó que “el siguiente paso será el indulto de los correístas en México”, en referencia a Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño…
La Izquierda Democrática (ID), otra de las fuerzas políticas con mayor representación en la Asamblea, señaló que “el hábeas corpus a favor de Jorge Glas ratifica que vivimos un país de impunidad, en donde la justicia no tiene independencia y está al servicio de los más detestables acuerdos políticos”.
“Como organización política, hemos advertido la existencia de este pacto tras bastidores, que permitió que la Ley Tributaria pase con la abstención de la bancada de Unes”, añadió. A su vez, la ID demandó del Gobierno “la adopción de todas las acciones constitucionales y legales posibles a fin de dejar sin efecto la decisión del juez”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), señaló que “ahora todo mundo quiere lavarse la cara con la mugre de la complicidad y el silencio, me duele y asquea este Estado constitucional de derechos. Vayan a recibir a Glas y al resto de la banda. Somos gobernados por un Estado delincuente”.
La Comisión Nacional Anticorrupción señaló que “las mismas estructuras de poder que han liberado a Glas intentan constituirse en un espacio burocrático anticorrupción del actual Régimen”. Añadió que “la perversa leguleyada es tan solo una demostración que las estructuras del poder están al servicio de intereses políticos y arreglos de trastienda”.