El presidente César Litardo presentó un balance de su gestión el 19 de febrero pasado. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Entre mayo de 2017 y febrero de 2020 la Asamblea envió al Registro Oficial 42 leyes. De ellas, 24 son nuevas y 18 (42,85%) consisten en cambios a normativas expedidas en el anterior Régimen.
Las más importantes fueron las reformas a la Ley de Comunicación (LOC) y a los Códigos Integral Penal (Coip) y de la Democracia. Además de las que se dieron en materia económica y tributaria.
Para el presente año se prevé que esa relación se mantenga, pues nueve de las 21 leyes que fueron incluidas en la agenda parlamentaria son para modificar normas, entre ellas, la Ley de la Función Legislativa y el Código Orgánico de la Función Judicial.
La Ley que regula a la Asamblea Nacional será la primera en tramitarse tras el receso legislativo, que concluirá el 11 de marzo, ratificó ayer, el martes 3 de marzo del 2020, el presidente, César Litardo (AP).
El hecho de que el Coip o la LOC tuvieran que ser ajustadas, en más de la mitad de su contenido, a pesar de tener menos de 10 años de vigencia, tiene distintas lecturas.
“Es un ejercicio normal en cualquier democracia del mundo. Las leyes son dinámicas como el mundo es dinámico, y sobre todo en este momento que todo cambia muy rápido hay que estar actualizando y hay que tener la posibilidad de ir corrigiendo los errores”, señaló Litardo.
Puertas afuera la lectura es otra. Para el exdiputado Diego Ordóñez, este fenómeno refleja una transición del modelo “concentrador de poder” del correísmo. Sin embargo, cree que debía haberse planteado “un programa de reformas mucho más amplio tanto de la Asamblea como del Ejecutivo”. Por ejemplo, dijo, derogar la LOC o cambiar la Ley de Contratación Pública.
En el área económica, las reformas al Código Orgánico de la Producción y a la Ley de Compañías fueron las más relevantes, así como las derogatorias del Impuesto Verde y la Ley de Plusvalía, que incluso generaron protestas en el anterior Régimen. También se expidieron nuevas como la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Esta última todavía no cuenta con reglamento para ser aplicada, criticó el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán.
El experto tributario Napoleón Santa María las califica de “remiendos normativos que no reflejan un nuevo horizonte, una nueva visión del país producto de una política pública en el Ecuador”.
Para Juan Pablo Albán, exintegrante del Consejo de la Judicatura transitorio, este escenario no abona a garantizar la seguridad jurídica en el país. “Creo que debemos cortar esa práctica política, no jurídica, de refundar el país cada cierto tiempo y dictar un nuevo ordenamiento jurídico”.
La última en ser enviada al Registro Oficial fue la Ley de Emprendimiento e Innovación, el 28 de febrero pasado.
Litardo anunció que después de la vacancia se retomará el debate de la reforma laboral, pero el futuro es incierto.
El asesor parlamentario Pablo Santillán sostuvo que la falta de una mayoría y la proximidad de las elecciones complica que se hagan cambios de fondo. Apuntó que otro de los temas pendientes son las reformas a la Ley de Seguridad Social. “Lo que pasa es que hay un Gobierno débil, sin respaldo político y sin una mayoría en la Asamblea”, manifestó.
Entre 2013 y 2017, cuando el correísmo acaparaba la mayoría absoluta en la Asamblea, se aprobaron 66 leyes. De ellas, 47 fueron nuevas y 19 reformas.
El Presidente de la Asamblea cree que el trabajo de esta Función no debe ser medido con base en la cantidad, sino a la calidad de las leyes. Por eso, anunció que este año se implementará una unidad de seguimiento a las leyes.
Resaltó que el 2019 se aprobaron 21 normas, de las cuales 14 fueron por unanimidad, a pesar de la correlación de fuerzas.