Fernando Cordero dijo ayer en la mañana que no conoce el texto definitivo de los vetos del Ejecutivo. Pero anoche se conoció que los textos con los vetos a la Ley de Educación Superior, al Código Territorial y a la Ley de Servicio Público ya están en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Presidente de la Asamblea considera que algunas objeciones son positivas.
El ‘Corcho’, consultado por este Diario, que ayer publicó un borrador del veto , señaló no poder estar en contra de la reforma al artículo sobre las becas que deben entregar las universidades públicas y particulares a sus estudiantes.
En el caso de estas últimas, el Ejecutivo propone un cambio respecto al texto aprobado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Los centros privados debían ofrecer becas completas al menos al 5% de sus alumnos.
En el veto se establece que estas universidades deberán brindar el 10% de becas. “En ese tema estoy de acuerdo con la tesis del Presidente. Que el 10% de los alumnos que estudian en las particulares sean becados, es mejor que el 5%… Los rectores defienden intereses de la ‘U’ particular…”.
También afirmó que se ha recuperado el acuerdo con la Academia, publicado en algunos medios de comunicación, el 26 de julio. Aunque ese no fue el convenio definitivo porque en la víspera a la votación, el 3 de agosto, se acogieron otras observaciones. Justamente esos temas incluidos a última hora fueron cuestionados por el presidente Rafael Correa y anticipó su eliminación.
En ese sentido, Cordero criticó a la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana que cuestionó el veto.
“Es una ligereza que hagan una reunión y se pronuncien sobre algo que no conocen, a lo mejor ahora sí les toca hacer la fiesta”.
Esta frase tiene relación con la celebración que hicieron varios rectores de las universidades particulares y públicas, al igual que Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), cuando se aprobó la ley el 4 de agosto.
Sin embargo, Cordero aclaró: “El presidente Correa tenía claro que el público y el particular son dos mundos cercanos, pero diferentes. No se pueden poner muchas condiciones a lo privado. No puedo condicionar a una empresa, regularle sí, someterle a una ley… No inmiscuirme más allá de lo que la Constitución y las propias leyes facultan”.
Este Diario intentó tener la reacción de Enrique Ayala Mora, rector de la U. Andina, quien representó a los centros públicos, en los diálogos con la Asamblea, pero no quiso pronunciarse.
Puntos de vista
Gonzalo Changoluisa/ Rector de la Unita
El veto a la Ley de Educación Superior lo considero una traición. Las universidades públicas, privadas, cofinanciadas y del Estado consensuaron para que se incluya en esta legislación sus aportes, en beneficio de la calidad educativa. Con el veto se desconoce el trabajo de un año e implica una pérdida de tiempo. Desconozco en detalle los puntos que se vetarán, pero conozco que se quiere reconocer los títulos que se obtienen en el exterior sin ningún filtro.
Es importante respetar la creación de la Secretaría de Educación Técnica, como entidad coordinadora entre el Estado y las universidades, pero se pretende que sea el ente rector, eso significaría perder la autonomía. El jueves se determinarán las acciones que se van a tomar.
Mario Jaramillo/ Rector de la Universidad del Azuay
Nadie conoce todavía el texto definitivo del veto. Lo único que me enteré en EL COMERCIO es que uno de los posibles vetos y el más grave es que la Secretaría Técnica de Educación sería el ente rector. De ser así se estaría borrando completamente la autonomía de las universidades y se atentaría contra uno de los principios fundamentales. En este tema estamos unidas las universidades públicas y privadas. El Consejo Superior de Educación quedaría casi como un organismo de consulta. Todos conocemos que la tendencia del Gobierno es concentrar el poder en este tipo de Consejos, así ocurre en el Consejo de Aguas y Consejo de Comunicación. Con esta Secretaría pasaríamos a ser dependientes del Gobierno de turno.
Carlos Montúfar/ Presidente de la Universidad San Francisco de Quito
Lo que nosotros vemos es el futuro de la educación superior independientemente de que sea privada o pública. El problema es que han aparecido muchas universidades, -buenas, excelentes, malas y pésimas- pero eso no es culpa del sector privado, sino del público que aprobó estas instituciones y nunca les controló. Algo estamos haciendo bien. No se puede pretender tratar a la educación privada con la misma ley que para el sector público. No nos pueden poner control de pensiones. A nosotros no nos perjudican las becas, porque mantenemos un 40%, pero hay que dar oportunidad a otras universidades para que puedan financiarse. En cuanto a la Secretaría de Educación, el Gobierno debe garantizar calidad, pero el sector debe ser independiente.
Jorge N. Muñoz/ Presidente del Consejo de la U. del Pacífico de Guayaquil
El veto es un derecho constitucional que tiene el Presidente, lo complicado es que se irrespete un acuerdo al que llegaron con los asambleístas de minoría.
Hay que ver hasta dónde llegaría este veto parcial, porque los impactos socioeconómicos son grandes. Que el Estado fije aranceles o el pago de matrículas a las universidades privadas es establecer un peso político a una actividad privada. Obviamente, la estructura financiera de una universidad pública no es la misma de una particular. La primera recibe fondos del Estado, funciona con subsidios y las inversiones de capital no tienen costo, para la segunda sí.
Por eso una maestría en la U. de Guayaquil, que es estatal, cuesta USD 5 000, en una privada la cifra llega a USD 12 000.