Desde el viernes 12 de este mes, el Partido Socialista Frente Amplio y organizaciones campesinas se proponen recolectar al menos 30 000 firmas para presentar un proyecto de ley de Tierras, por iniciativa ciudadana.
La Constitución vigente en su artículo 134 indica que los y las ciudadanas pueden hacerlo si cuentan con el respaldo de al menos 0,25% de firmas de los inscritos en el patrón electoral.
“Arrancamos con la gran campaña de recolección de firmas en todo el país, para decir que la revolución agraria debe profundizarse y necesita una respuesta inmediata y urgente”, señaló Romelio Gualán, de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro.
La asambleísta socialista Silvia Salgado explicó que según la ley, la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, integrada por diferentes organizaciones como la Conaie, Feine y Fenocin, debe preparar los anteproyectos de ley de Tierras, Código Agrario, entre otros. El producto deberá ser presentado al Ejecutivo, quien tendrá la posibilidad de modificarlo.
Para ellos, esa competencia del Jefe de Estado puede ser una limitación de la Conferencia de Soberanía. Por eso quieren que el producto sin modificaciones sea conocido por la Asamblea Nacional. “Será una posibilidad de confrontar posiciones, de modo positivo, en temas como la producción, soberanía y seguridad alimentaria”, precisó.
Salgado señaló que si bien, los socialistas acordaron con el oficialismo que la Ley de Tierras sea parte de la agenda legislativa de este período, no han llegado a un consenso sobre los mecanismos. Adelantó que solicitarán una reunión con los recién elegidos coordinadores del bloque.
Los socialistas también pedirán que se incorpore un tema dentro de las anunciadas reformas a la Ley de Equidad Tributaria, respecto a la determinación del impuesto a la tierra.
“Queremos que se amplíe el impuesto que ahora está considerado sobre las 25 hectáreas y que haya una diferenciación según las regiones”, dijo Luis Andrango, presidente de la Fenocin.
La propuesta es que el impuesto corra a partir de las 70 hectáreas en la Costa, 50 en la Sierra y 100 en la Amazonía. Además, solicitan que el Ministerio de Agricultura, a través de una resolución, establezca las condiciones de la productividad de la tierra, la plusvalía, etc. Y señale las excepciones ante situaciones críticas que hayan afectado el rendimiento.