¿Qué pasó en las últimas horas en el ánimo de los asambleístas del oficialismo que dirigen la Comisión Ocasional de Comunicación, quienes decidieron revivir sus argumentos más recalcitrantes sobre el control a los medios, a propósito de las preguntas 3 y 9 de la consulta popular de mayo pasado?
Jugarse por un papel todavía más poderoso para el Consejo de Regulación en cuanto al control de contenidos y a la responsabilidad ulterior, incluso en plataformas digitales, es ir muy lejos, no solo del discurso de consenso al cual han apelado en varios episodios de la aprobación de la Ley, sino del propio proyecto oficialista ya considerado draconiano porque viola claros preceptos internacionales.
Se podría pensar que está influyendo la sentencia en primera instancia contra diario El Universo. O que, en función de la mayoría lograda para elegir a la vocal de la Asamblea ante el Consejo de la Judicatura provisional, crean tener el apoyo suficiente para pasar la Ley en el Pleno, sin contar con la oposición.
En cuanto al fallo -que da la razón al Gobierno al penalizar la opinión y extender la responsabilidad a los medios privados y a sus propietarios-, el precedente creado con una sanción de tal magnitud podría convertirse en jurisprudencia que anule la opinión e incluso la información: bastaría con acudir a un juez. Sin embargo, no estaría nada mal contar con un cuerpo legal que permita ejercer puntualmente las acciones punitivas.
Hoy se sabrá si el borrador y su informe complementario cuentan o no con el apoyo de los votos oficialistas en la Comisión, y si la pretensión es jugarse todas las cartas en el Pleno. Y hasta el fin de semana, quedará claro si el Gobierno quiere la Ley a rajatabla…