22 de August de 2012 23:58

La Ley de Datos no evitó la crisis de las firmas

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La Ley de Registros de Datos Públicos fue una de las prioridades de la revolución ciudadana. Pero casi dos años después de su aprobación, esta no cumplió con su objetivo fundamental: proteger la confidencialidad de la información personal de los ciudadanos.

Las falencias se evidenciaron tras el escándalo de las miles de afiliaciones y adhesiones fraudulentas en el registro de las organizaciones políticas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Dicha ley fue expedida en noviembre del 2010 y estaba en el paquete de leyes que fueron consideradas por la Asamblea de Montecristi como prioritarias. Es decir, que debían emitirse en un plazo de 360 días desde la aprobación de la nueva Constitución.

Allí se estableció que el Estado tenía la obligación de proteger toda la información considerada como personal, así como almacenar y cruzar los datos de cada uno de los ecuatorianos.

Con esta norma nació el Sistema Nacional de Datos Públicos, que hace unos meses lanzó la web Dato Seguro. Ahí reposa la información de las bases de datos de los registros de la Propiedad y Mercantil; del Servicio de Rentas Internas, de la Policía, de la Agencia Nacional de Tránsito, el Registro Civil, la Dirección de Aviación Civil y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. También la del Consejo Nacional Electoral.

La idea es que toda la información de las instituciones públicas y privadas que manejen datos públicos, sea almacenada en el Sistema Nacional. Entre estos datos, precisamente, está la filiación política de una persona. Esta información, según la Ley de Registro de Datos, no puede ser pública ni divulgada sin la autorización expresa de la persona.

Pero los datos que posee el CNE no han tardado en alimentar este sistema. Según Fausto Camacho, ex vocal electoral, la base de datos de su organismo se creó recién en el 2010, por primera vez. El objetivo era evitar la doble afiliación política y garantizar los derechos de los militantes. La idea es que estos archivos guarden la confidencialidad de la información, para evitar posible discriminación o retaliación a la gente por su posición política e ideológica.

El CNE, donde estuvo Camacho terminó en sus funciones en noviembre pasado, sin que se haya concretado la interconexión con el Sistema Nacional de Datos Públicos. Esto empezó en este año, con el nuevo CNE, bajo la dirección de Domingo Paredes.

Por este motivo, el escándalo de las firmas falsificadas en el CNE, evidenció que la información política de los ciudadanos no está protegida, como era la intención. Incluso un funcionario del Consejo Electoral ha sido detenido por presuntamente “vender” la base de datos, para reinscribir a las agrupaciones políticas.

Cuando estalló la crisis de las firmas, a inicios de mes, el CNE habilitó una página web para que cualquier persona, solo con el número de cédula, pudiera consultar la militancia política de alguien. Quedó tan expuesto ese sistema que el CNE, a las pocas horas, debió introducir seguridades adicionales de protección.

Juan Carlos Solines, político y experto en comunicaciones, señala que en “la Constitución se establece que para recolectar, archivar y difundir los datos reservados, como la orientación sexual, filiación política, etc., de una persona debía haber una autorización expresa del titular de los datos. Para que el CNE pudiese recolectar y armar toda esta base de datos, debía tener el consentimiento expreso de las personas”.

Para el asambleísta Paco Moncayo, el problema no es que exista una base de datos, sino que no se la haya custodiado y se permita que cualquier persona acceda a ella con el número de cédula y su fecha de emisión. El asambleísta cuestiona que, en la aparente desesperación del CNE por dimensionar la magnitud de la crisis, haya sido tan ligero en el manejo de datos muy delicados como son los de carácter político. El artículo 6 de la Ley de Registro de Datos establece que “la autoridad que custodie los datos de carácter personal, deberá adoptar medidas de seguridad para proteger y garantizar la reserva de información”.

Solines asegura que si el Gobierno realmente quería proteger esta información personal, debió haber promulgado una ley de protección de datos públicos y no una de Registro. “En otros países quienes manejan los datos son agencias independientes, que se han enfrentado con el Gobierno incluso, cuando ha querido obtener información de la gente. Aquí hay una iniciativa del Ejecutivo, controlada por el Ejecutivo. La primera alerta ya se prendió con esto de las firmas falsas”.

Este Diario pidió una entrevista a la Dirección de Registro de Datos Públicos para conocer su versión. Pero se informó que la Secretaría de Comunicación no autorizó la entrevista. En respuesta, el vocero Fernando Alvarado contestó: “Posiblemente estén aplicando la política de no ofrecer entrevistas a ‘medios mercantilistas’ como fue anunciado en El Ciudadano hace un par de meses”.

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