‘No he estado de brazos cruzados”, responde Jaime Abril (Alianza País). Es el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, a cargo de evacuar el proyecto de Ley de Aguas, en suspenso desde mayo del 2010.
Como es el único proyecto de ley en sus manos, la mesa se ha dedicado a fiscalizar la situación del río Cutuchi. Jimmy Pinaorgote, vicepresidente de esa comisión, dice que han “trabajado poco o relativamente nada” por no tener más encargos del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
A 24 días de que se termine el período legislativo de dos años, para el que Abril y otros 12 presidentes de mesa (incluida Fiscalización) fueron elegidos, queda claro que a la Asamblea otra vez le faltará tiempo para concluir con el trámite de dos de las tres leyes prioritarias que aún no han podido ser evacuadas desde el 2009.
Se trata de Recursos Hídricos (Aguas) y Cultura. El principal obstáculo por el que deben pasar estos proyectos, antes de convertirse en leyes, es que requieren de la consulta prelegislativa. Esta figura está en el art. 57, numeral 17 de la Constitución, y señala que las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, pueblo afro y montubio deberán ser consultados antes de que se tome una medida legislativa que pudiera afectar sus derechos colectivos.
Pero para normar la consulta prelegislativa se debe reformar primero la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El informe para segundo debate está listo desde hace una semana, pero el presidente Fernando Cordero anunció que no lo colocará en el orden del día hasta llegar a un consenso con la oposición.
De esta manera, la única ley que, en teoría, no tiene trabas legales para ser discutida es la de Comunicación. Su análisis se retomó en junio, luego de los resultados de la consulta popular. Oposición y oficialismo acordaron trabajar en un informe complementario al de segundo debate que se elaboró hace un año.
El asambleísta Ángel Vilema (Alianza País) dijo que hoy la Comisión tratará uno de los temas más importantes del proyecto de ley: la responsabilidad ulterior. Indicó que la brújula para este debate es la pregunta 9 de la consulta, que planteaba un Consejo de Regulación que establezca criterios de responsabilidad ulterior.
Vilema insistió en que el debate tomará en cuenta la legislación internacional sobre este tema y que, básicamente, el Consejo debe convertirse en un organismo que recepte las quejas de las personas o entidades que se sientan afectadas por una información falsa o no verificada que difunda un medio. Luego se pediría al medio hacer la rectificación.
Esta sería una forma de aplicar la responsabilidad ulterior. Vilema aclaró que serán las instancias judiciales, y no el Consejo, las que lleven adelante los procesos civiles o penales que la gente afectada plantee contra un medio.
Este cuerpo legal pudiera tramitarse en el Pleno antes del 31 de julio. Es la aspiración de Mauro Andino, presidente de la mesa de Comunicación, para que la ley no sea objeto de las negociaciones electorales. El domingo 31 se deberá elegir al nuevo presidente de la Asamblea, a los vicepresidentes y vocales del CAL. También a los presidentes de las comisiones.