Legisladores deben tratar veto a reformas a la Ley de Educación Superior en esta semana
Silvia Salgado, aliada de Alianza País, preside la mesa de Educación en la Asamblea Nacional. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El análisis del veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) deberá concretarse en esta semana. El presidente Lenín Moreno remitió el documento el pasado 15 de junio del 2018, por lo que el plazo de 30 días culmina el próximo domingo 15 de julio del 2018.
En total hay 27 observaciones (objeción parcial) a la normativa aprobada el martes 15 de mayo del 2018 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 120 votos favorables y una abstención, los legisladores dieron paso a esta propuesta debatida hace dos años.
El Ejecutivo hizo una observación al artículo 10 de las reformas aprobadas. La argumentación es que no se considera la categorización o clasificación de las instituciones de educación superior. Se coloca como una función del Sistema de Educación Superior a este tema. Así, “Evaluar y acreditar a las instituciones del Sistema de Educación Superior, sus programas y carreras y garantizar independencia y ética en el proceso”.
Sobre el artículo 11 se pide corregirlo para aclarar el tema de los institutos “superiores universitarios” como parte de las instituciones del sistema de educación.
En el caso del artículo 14, el Ejecutivo explica que no se justifica jurídica ni técnicamente el tema de la naturaleza propia y específica de las instituciones particulares en el tema de autonomía. “Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”.
En el documento se hace referencia a la calidad y a la autonomía responsable. Esto se contempla en el articulado 15, en el que la propuesta es aclarar que el ejercicio de la autonomía responsable permitirá la ampliación de las capacidades para las mejoras y el aseguramiento de la calidad en la educación de tercer nivel.
El Presidente, además, realiza algunas correcciones al tema de los fondos de los establecimientos, la autogestión, la creación de fuentes recolectoras y otros.
La observación al artículo 37 se basa en la no obligatoriedad de que exista un Consejo de Regentes. En el texto se establecer que podrán elegir rector o vicerrector en planteles privados. Sin embargo, en otro articulado se abren otras posibilidades.
La rendición de cuentas del rector o rectora regresa con la propuesta del Ejecutivo. En este se especifica que el rector deberá presentar los resultados de su plan de trabajo a la comunidad universitaria.
Los montos destinados para las becas y ayudas económicas saldrán del 25% del total de la asignación del Estado y no solo del rubro correspondiente al Fopedeupo. Si se lo deja como está planteado habría un “menor desembolso” para estas ayudas.
En el documento se mantiene la obligatoriedad de las pasantías y prácticas preprofesionales como requisito para la obtención del grado académico.
El examen de habilitación es otro de los temas. En este se especifica que la evaluación se desarrollará en aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público “poniendo en riesgo la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía”.
En el documento, además, se observa la creación de cuentas o fondos de jubilación. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se prohíbe esta situación.
Sobre la disposición transitoria décima cuarta se explica que el Consejo de Aseguramiento de la calidad deberá efectuar el proceso de evaluación en el plazo de 18 meses. Pero se aclara que para esta evaluación “no se requerirá que los criterios de evaluación hayan sido establecidos con tres años de anticipación”.
Los legisladores esperan la notificación para debatir la objeción parcial del Ejecutivo a este cuerpo legal. Si no se lo hace quiere decir que la Asamblea se allana a las observaciones del Presidente.
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