La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, manifestó su postura ante la suspensión de 150 días sin remuneración impuesta por el Ministerio del Trabajo.
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A través de un video publicado en sus redes sociales, Abad calificó la medida como una “violación innegable a los principios de legalidad y justicia“. También criticó el procedimiento seguido en su contra.
Sanción a Verónica Abad
La sanción responde a una supuesta falta administrativa por abandono injustificado del trabajo.
Abad no se presentó en Ankara, Turquía, antes del 1 de septiembre de 2024, como lo exigía el Decreto Ejecutivo No. 353. Llegó a su destino el 9 de septiembre sin justificación formal.
Durante una audiencia el 7 de noviembre, representantes de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores argumentaron que se le proporcionaron las condiciones necesarias para su traslado y se le notificó la importancia de su llegada oportuna.
Declaración de Verónica Abad
En su declaración, Abad señaló que defenderá “los derechos, la libertad y la democracia de nuestra República”, y denunció presiones para su renuncia, así como el encarcelamiento de su hijo, lo que, según ella, ha afectado su honra y la de su familia.
Además, pidió a la Asamblea Nacional investigar las acciones de las autoridades del Ministerio del Trabajo, la Cancillería y la Presidencia, y advirtió que también llevará su defensa a instancias internacionales.
TCE sanciona a Verónica Abad
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió una sanción contra la vicepresidenta Verónica Abad por realizar actos de campaña anticipada.
La denuncia, presentada por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, surgió a mediados de año.
El TCE basó su fallo en el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia, que considera falta grave la realización de actos de precampaña electoral.
Bajo el principio de proporcionalidad, el tribunal determinó que Abad incurrió en dicha infracción, aunque aclaró que su conducta no generó una afectación significativa al proceso electoral en su conjunto. Por esta razón, el organismo concluyó que una multa de 8 500 dólares sería suficiente para disuadir futuras infracciones por parte de Abad y otros actores políticos.
