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Justicia: las dudas siguen

Han pasado cinco semanas desde que el Consejo de la Judicatura Transitorio echó a correr el plazo de 18 meses para la reforma judicial. Sus protagonistas no han usado este tiempo para despejar dudas sobre una posible politización que pudiera echar por tierra un proceso intrincado y costoso.

En el supuesto de que se pudiera omitir la proximidad del Consejo con el Gobierno, hay otros aspectos sustantivos al hacer una evaluación. Por ejemplo, tras la separación de 162 jueces y funcionarios por mal desempeño -lo cual hace suponer que los jueces que se quedaron son probos-, se sigue aplicando el viejo sistema de separarlos sin mayores fundamentos, como sucedió con un miembro de la sala que tramita el juicio contra El Universo, para sustituirlo por otro aparentemente cercano al abogado del demandante, el presidente Rafael Correa.

Otro tema es la continuación de juicios desproporcionados como el que, con el aval del Fiscal, se sigue a ciudadanos que irrumpieron en el canal estatal en Quito para tratar de romper el monopolio informativo durante el 30-S, y a cuatro personas que en circunstancias parecidas irrumpieron en la Gobernación de Chimborazo.

El Defensor del Pueblo señala que uno de los problemas en estos años es la criminalización de la protesta social: hay más de 200 casos. Ese también debiera ser un tema de fondo si se quiere reencaminar la justicia. Por más que se inviertan USD 100 millones en tecnología o que una universidad extranjera confirme el diagnóstico, la reforma no servirá si por delante están los propósitos políticos.