Los juicios a Juan Carlos Zevallos y a Andrés Isch toman nuevo rumbo

El Consejo de la Administración Legislativa dio paso a los juicios políticos de Andrés Isch y Juan Carlos Zevallos.

El Consejo de la Administración Legislativa dio paso a los juicios políticos de Andrés Isch y Juan Carlos Zevallos.

El Consejo de la Administración Legislativa dio paso a los juicios políticos de Andrés Isch y Juan Carlos Zevallos. Foto: Archivo EL COMERCIO

La Comisión de Fiscalización prevé aprobar hasta el miércoles 24 de marzo el informe sobre el pedido de juicio político contra el ministro de Trabajo, Andrés Isch, por supuesto incumplimiento de funciones.

El presidente de la mesa, Elio Peña (PK), explicó que en aplicación a las reformas a la Ley de la Función Legislativa, este expediente irá a resolución del Pleno, sin importar si en el informe se recomienda o no la interpelación.

Una eventual censura y destitución de Isch dependerá de 91 votos. El proceso es impulsado por Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín, asambleístas del correísmo, quienes lo acusan de incumplir con sus funciones de proteger los derechos de los trabajadores.

Durante la fase de pruebas, que concluyó el miércoles pasado, la Comisión recibió los testimonios de expertos en temas laborales y trabajadores despedidos de la fábrica de explosivos Explocen, envuelta en un conflicto laboral.

Cuando el Ministro presentó sus descargos, el 6 de marzo pasado, subrayó que pese a la crisis sanitaria que vive el país, que fracturó el tejido productivo y derivó en desvincu­laciones laborales, su gestión “permitió la recuperación del empleo adecuado”.

La censura de Isch podría tener los votos necesarios una vez que pase al Pleno de la Asamblea, ya que la semana pasada los bloques de Alianza País (AP) y de la Revolución Ciudadana (RC), que se bifurcaron una vez que Lenín Moreno y Rafael Correa se distanciaron de forma definitiva, votaron nuevamente para no dar paso a una reforma constitucional para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana.

Elio Peña manifestó que “inmediatamente después” de que la Comisión apruebe este informe arrancará el trámite de los dos pedidos de juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

A Zevallos, los asambleístas Pabel Muñoz (RC) y Ángel Sinmaleza (SUMA) lo acusan de incumplir sus funciones en el manejo de la pandemia y el plan de vacunación contra el virus del covid-19.

Muñoz planteaba que el proceso de interpelación de Zevallos se realizara a la par del de Isch. Para eso, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) pidió un criterio si es posible hacerlo. Nadie ha insistido en esto, porque en las reformas a la Ley Legislativa, se deja en claro que el Parlamento solo puede tramitar un juicio político a la vez.

Peña sostuvo que el proceso contra el exfuncionario será el último en ser tramitado por la actual Asamblea Nacional, que terminará sus funciones el 14 de mayo próximo. Señaló que el expediente contra Richard Martínez, exministro de Finanzas, quedará para el próximo periodo, ya que no llega aún a la Comisión pese a que fue calificado por el CAL hace seis meses.

Por otra parte, los informes de dos comisiones en relación con las irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad y a la pesca ilegal en Galápagos aún no tienen una resolución del Pleno.

Ambos temas son parte de la agenda de la sesión 696 del Pleno, que fue suspendida el jueves pasado, y que se prevé se retome en esta semana.

En relación con los carnés de discapacidad, la Comisión de Salud recomendó al Pleno iniciar juicios políticos contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el director del Conadis, Xavier Torres, y también investigar al asambleísta Fabricio Villamar.

La investigación sobre estos documentos empezó en julio del 2020, poco después de que estallaron varias denuncias; la Comisión aprobó el informe tres meses después y lo envió al Pleno, sin que hasta ahora se concrete el debate.

Sobre la pesca ilegal en Galápagos, en cambio, las investigaciones arrancaron en agosto del 2020. Una de las principales conclusiones de la Comisión de Seguridad es que “la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva de Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las islas Galápagos, cerca de la Reserva Marina de Galápagos, estaría atentando en contra de especies en peligro de extinción y de toda la biodiversidad marina presente en la zona”.

Además, denuncia que hubo cadenas de desinformación y falta de actuación de las autoridades, como el Consejo del ­Régimen Especial de Galápagos, el Ministerio de Re­laciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente.

La mesa reconoce que las acciones desarrolladas por parte la Armada Nacional del Ecuador han estado enmarcadas en la normativa legal vigente y en cooperación internacional regional que ha permitido la captura del buque chino en el año 2017 y determinar la aproximación de la flota pesquera en el curso del año 2020.

Sin embargo, las actividades de vigilancia, inspección, protección y detención que debe realizar la entidad no pueden ser cumplidas con rigurosidad, debido a la falta de asignación de partidas presupuestarias.

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