La Asamblea Nacional reanudará el juicio político contra Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas, quien enfrenta acusaciones de un supuesto boicot relacionado con los apagones ocurridos antes del referéndum de abril de 2024.
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Arrobo no asistió a la sesión del pasado miércoles 4 de diciembre. En una carta pública explicó que teme represalias si presenta pruebas en su defensa.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, suspendió el juicio el 4 de diciembre al constatar la ausencia de la exfuncionaria. En su carta, Arrobo aseguró que cuenta con pruebas de que no participó en el presunto boicot, pero expresó su temor a sufrir consecuencias devastadoras por parte del Gobierno.
Se tiene previsto, según la agenda de la Asamblea Nacional, que el juicio político contra Andrea Arrobo se retome el próximo viernes 13 de diciembre de 2024 a las 09:00.
Crisis energética y acusaciones contra el Ejecutivo
En su misiva, Arrobo detalló que alertó al presidente Daniel Noboa sobre la crisis energética, señalando que se le pidió no divulgar la información para evitar repercusiones negativas en la consulta popular. Según Veloz, la exministra cuenta con pruebas que podrían evidenciar negligencia del Ejecutivo en la gestión de la crisis.
Los racionamientos eléctricos que afectaron al país desde finales de 2023 se atribuyen a una severa sequía en las principales centrales hidroeléctricas. Durante la campaña del referéndum, el Gobierno denunció un boicot en su contra, lo que intensificó la controversia en torno a la administración de Noboa.
Otros juicios políticos en curso
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) también calificó el juicio político contra Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, por presunto incumplimiento de funciones. La solicitud fue presentada por asambleístas de oposición, quienes cuestionan la sanción impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad.
Adicionalmente, el Parlamento tramita el juicio contra Margarita Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, acusada de irregularidades en el control del sector financiero no bancario. Ambos procesos están a la espera de resoluciones por parte de la Comisión de Fiscalización.
La Comisión de Fiscalización enfrenta una acumulación de seis juicios políticos previos, incluidos aquellos contra jueces electorales y exministros de Estado. Los nuevos pedidos, como los casos de Núñez y Hernández, deberán esperar su turno en el cronograma establecido.
¿Qué es un juicio político?
El juicio político en Ecuador es un mecanismo de control que la Asamblea Nacional ejerce sobre las funciones Ejecutiva, Electoral, de Transparencia y Control Social, entre otras.
Este proceso está destinado a censurar y eventualmente destituir a altos funcionarios del Estado que incumplan con sus funciones o cometan actos de corrupción.
El juicio político está fundamentado en la Constitución del país y regulado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Puede ser iniciado contra funcionarios como el Presidente de la República, ministros de Estado, miembros de la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional Electoral, entre otros.
Proceso para el inicio del juicio político
El proceso comienza con la presentación de una solicitud por parte de al menos un tercio de los miembros de la Asamblea Nacional.
La solicitud debe incluir las pruebas de la infracción cometida por el funcionario. Una vez admitida la solicitud, se procede a la fase de investigación, durante la cual se recaban más pruebas y se permite la defensa del acusado.
Posteriormente, el proceso entra en debate en el Pleno de la Asamblea. Para que el juicio político culmine con la destitución del funcionario, se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los asambleístas presentes.
Si se alcanza esta mayoría, el funcionario es destituido de su cargo y podría enfrentar otras sanciones legales, dependiendo de la gravedad del caso.
