El Consejo de Administración de la Legislatura no puede sesionar para tratar el pedido de juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, debido a que cuatro de sus siete integrantes solicitaron una licencia para la campaña electoral. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
La calificación de pedidos de interpelación a funcionarios deberá esperar hasta después de las elecciones del 7 de febrero. Así lo aclaró el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña (PK), tras los anuncios de que se buscará llevar a juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
El asambleísta explicó que esta situación se debe a que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) no puede sesionar porque desde el 31 de diciembre pasado, cuatro de sus siete integrantes, solicitaron licencia sin sueldo para la campaña electoral.
Entre quienes participan de los comicios están el presidente de esta Función, César Litardo (AP), y las vocales Ana Belén Marín (AP), Rina Campain (Creo) y Cristina Reyes (PSC). Los tres primeros buscan la reelección, mientras que Reyes se postuló al Parlamento Andino.
“Obviamente para el tema del control político, específicamente en el pedido de juicios políticos, un segundo paso es la calificación del CAL y mientras no se constituya en sesión este organismo no se podrá procesar (por falta de mayoría)”, dijo Peña este miércoles 27 de enero de 2021.
En la víspera, el Pleno aprobó una resolución en la que exigió al presidente Lenín Moreno que destituya a Zevallos, por el manejo del plan de vacunación por el covid-19. A su vez, pidió al CAL “el trámite inmediato de los pedidos de juicio político al Ministro, que han sido anunciados por varias bancadas”.
Sin embargo, hasta esta mañana no ingresaron solicitudes en ese sentido al área de gestión documental de la Asamblea. “Oficialmente no conocemos de pedidos de juicios políticos, yo al menos no los conozco (…). Solamente ha habido anuncios”, indicó Peña.
Las solicitudes de este tipo deberán ajustarse a los plazos de la última reforma a la Ley de la Función Legislativa. Según el titular de la Comisión de Fiscalización, una resolución tomaría 45 días.
Sin el funcionamiento del CAL, en la Asamblea tampoco puede arrancar el trámite de nuevos proyectos de Ley.