17 de July de 2012 00:01

‘Juicios a dirigentes frenan la protesta social’

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Amnistía Internacional presenta hoy su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo. En el capítulo de Ecuador, la investigación se centra en la criminalización de la protesta social y sus consecuencias.

Según cifras de la organización internacional, con sede en Londres, entre el 2009 y el 2011 se iniciaron indagaciones judiciales en contra de 24 dirigentes indígenas por supuesto sabotaje y terrorismo, durante las protestas por la Ley de Aguas y la Ley de Minería.

De estos casos, ocho permanecen todavía abiertos. El resto fue desestimado por falta de pruebas contra los imputados.

Sin embargo, la principal preocupación por el inicio de los juicios es el efecto restrictivo que producen en los ciudadanos y el ejercicio de sus libertades, según explicó Tamaryn Nelson, quien realizó el informe de Ecuador (ver entrevista).

Con este criterio coinciden dirigentes indígenas y defensores de los derechos humanos. Para Alicia Granda, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la judicialización de las marchas y el procesamiento a dirigentes sociales es “un mecanismo para frenar la protesta (...). Se trata de callar y amedrentar, porque la confrontación legal es un litigio que implica tiempo para los trámites, dinero para la defensa y además, la preocupación y el temor”, afirmó.

Asimismo, Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari y un procesado por supuesto sabotaje y terrorismo, aseguró que quiere el Gobierno es “ tapar la boca, asustarnos y criminalizar toda la lucha social y callarnos, sobre todo para que nadie reclame nada”.

Según cifras de la Conaie, en el país existen 129 procesos judiciales que por terrorismo y otros delitos se han iniciado contra dirigentes indígenas. Por ello, en mayo pasado, la organización pidió a la Asamblea Nacional la amnistía.

Pero el fiscal general, Galo Chiriboga, aclaró que solo son 33 causas iniciadas en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, Esmeraldas, Morona Santiago, Manabí, Pichincha, Guayas, Azuay, El Oro, Bolívar e Imbabura.

Sin embargo, estos procesos están represados desde el 2009, lo que según Nelson genera malestar en los querellados porque ya han pasado más de tres años sin que se haya levantado la sombra de dudas sobre esas personas y sobre el ambiente que le rodea.

Aunque el Régimen, a través del Ministerio de Justicia ha aclarado en reiteradas ocasiones que no se trata de una persecución política, sino de que se deben cumplir las leyes y respetar el derecho de otras personas a circular.

Pero Mario Ruiz, abogado de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), señaló a Amnistía Internacional (AI) que en las demandas planteadas “hay un problema de legitimidad versus legalidad. Pero en qué medida es un delito algo legítimo”.

La organización Acción Ecológica también cuestionó la intervención de la justicia frente a los reclamos por “los derechos humanos y de la naturaleza”.

Según un estudio realizado por Cecilia Chérrez, de la organización ecologista, a pesar de que existe una Constitución garantista en cuanto a derechos, el Gobierno trata de frenar la expresión popular y evitar reclamos, frente a escenarios más conflictivos, como la explotación minera.

No obstante, Granda aclara que este tipo de estrategias de miedo no es aplicada solamente por el Régimen, sino también por las empresas petroleras y mineras que buscan “dividir a la comunidad y generar conflicto social. Es una forma de confrontar a la sociedad, porque un juicio exacerba la violencia”, puntualizó.

Inredh, aseveró que “un acto de protesta pública no constituye delito de terrorismo organizado” y pidió al Gobierno no acudir “a la justicia nacional para acallar las demandas sociales”.



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