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Cuatro pedidos de juicio político avanzan

En la foto, Víctor Anchundia, superintendente de Compañías; Ruth Arregui, superintendenta de Bancos; Íñigo Salvador, procurador del Estado y Carlos Riofrío, contralor subrogante. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Las comparecencias que formaron parte de la solicitud de juicio político contra Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, terminaron. Además de este caso existen tres pedidos de interpelación calificados, dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Tres corresponden a autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Transitorio, tras la consulta popular del 2018. En ese grupo constan Anchundia; la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui; y el procurador, Íñigo Salvador. Carlos Riofrío, contralor subrogante, en cambio, fue nombrado por el excontralor Pablo Celi.

Los legisladores Luis Almeida (PSC) y Ricardo Vanegas (Pachakutik), ambos interpelantes, presentaron ayer (22 de noviembre del 2021) sus alegatos contra el Superintendente de Compañías, a quien los acusan por supuesto incumplimiento de funciones.

Ambos sostienen que el funcionario no ejerció los controles adecuados en las operaciones bursátiles efectuadas entre el 2014 y 2020, que presentaron irregularidades y que dejaron una afectación de USD 990 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Piden que el informe de la Comisión recomiende la censura y destitución del Superintendente.

Como parte de su descargo, Anchundia mencionó que entre el 2011 y el 2018 fue Intendente Nacional de Compañías y que sus funciones estaban “ajenas al mercado de valores”. Después se desempeñó como Superintendente encargado, antes de su designación como titular. “Resulta ilógico que se trate de responsabilizarme de operaciones bursátiles ocurridas antes de agosto del 2018”. Calificó al caso como una “suma de irregularidades” realizadas por funcionarios del Isspol, por fuera del mercado de valores y “sin reportar a la Superintendencia de Bancos”.

Almeida también cuestionó ayer la designación de Anchundia efectuada por el Cpccs-Transitorio. Acusó que con ese nombramiento supuestamente se estructuró una “entidad paralela” e incluso habló de un supuesto “reparto”.

Según Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, se recibieron más de 200 pruebas documentales en este caso. Agregó que además del proceso de control contra el Superintendente de Compañías, lo que se busca es llegar al fondo de una trama de corrupción que perjudicó a más de 80 000 familias vinculadas a la Policía Nacional.

El siguiente juicio político que se tramitará será contra la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, también señalada por el caso Isspol.

Esta solicitud la impulsa Darwin Pereira (Pachakutik), quien sostiene que existirían ocho causales de incumplimiento de funciones. Entre ellas, que supuestamente no se controlaron las renegociaciones de las entidades financieras durante la pandemia o inacción para controlar los fraudes en canales digitales. La funcionaria ya ha comparecido al Legislativo para explicar las acciones en esos casos.

Posteriormente, está el pedido de juicio político contra el procurador, Íñigo Salvador, impulsado por el legislador correísta Ferdinan Álvarez, por supuesto incumplimiento en la defensa de los intereses del Estado en los procesos arbitrales contra las petroleras Perenco y Chevron-Texaco.

Salvador, en rueda de prensa, defendió su actuación y recordó que esta demanda se inició en el 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, a raíz del cambio de condiciones de los excedentes de los contratos petroleros.

Desde la bancada correísta se ha cuestionado en reiteradas ocasiones las designaciones que se hicieron durante la etapa de transición, calificada como “trujillato”. Dentro de este pedido de juicio político, criticaron a Salvador por unas declaraciones en las que el funcionario recomendaba pagar USD 374 millones a favor de Perenco. También lo señalan por su pronunciamiento sobre el retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones (Ciadi).

Por último, llegará el juicio político contra el contralor Riofrío, impulsado también desde el correísmo, a través del legislador Ronny Vallejo. Se lo señala por un supuesto incumplimiento de funciones, luego de que en las redes sociales de Contraloría se anunciara que las contrataciones menores a USD 900 000 no requerirán informe previo, lo que, a criterio del interpelante, “implicaría una reforma a la ley de la institución”. Este caso se ventilará, en medio del concurso de méritos y oposición, para designar al reemplazo de Riofrío, quien asumirá a partir de marzo del 2022.

En los seis meses del actual período legislativo, se han censurado a través de juicio político a tres funcionarios: al excontralor Pablo Celi; al exdefendor del Pueblo Freddy Carrión y también al exministro de Energía, René Ortiz.