Con la revocatoria de la orden de prisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el caso penal por el ataque de Angostura parece desvanecerse. Además, serviría para el restablecimiento de las relaciones bilaterales.
Esta decisión la tomó ayer el juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, quien lleva el proceso penal por la muerte de 26 personas la madrugada del 1 de marzo del 2008. Entre ellas, el ex jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, y el ecuatoriano Franklin Aisalla.Uno de los argumentos del judicial para emitir su resolución fue que debía levantarse la medida cautelar, por “el principio de equidad jurídica ”, ya que los otros implicados en el proceso: el director de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo, y el ex comandante de las Fuerzas Militares de ese país, general Freddy Padilla, no tienen orden de arresto.
Sin embargo, para el ex juez de la Corte Suprema Justicia, Fernando Casares, este argumento no existe: “es invento del Juez”. A su criterio, todo el proceso penal es nulo porque Méndez actuó sin haber cumplido con los requisitos procesales y permitió que la política intervenga en el caso.Según el Código Penal, para juzgar delitos de extranjeros que causen efecto en el país, solo los jueces de Quito tienen la facultad para avocar conocimiento del caso. Pero en este proceso, el Juez de Sucumbíos asumió el juicio.
“Esto va a quedar en nada. El proceso que debió ser imparcial y bien llevado, este momento ha caído en la política. Nos vamos a quedar sin justicia por la agresión que sufrimos en Angostura y no podemos olvidarnos de eso. La justicia no funciona, porque esto ha sido una tomadura de pelo”, cuestionó el ex Magistrado.
Precisamente, la revocatoria de la orden de prisión preventiva se produjo luego de que el Congreso colombiano exhortara al Ecuador a levantar la investigación en contra del presidente Santos.La diputada de la Cámara de Representantes del país vecino, Liliana Benavides, dijo el jueves pasado, que una muestra de buena voluntad de parte del Gobierno ecuatoriano para retomar las relaciones bilaterales sería la suspensión del proceso penal contra el Mandatario vecino.
Sin embargo, el canciller Ricardo Patiño ha asegurado que este tema es meramente judicial y que el Régimen no puede intervenir en las decisiones legales.
Por ello, el juez Méndez sostuvo que la revocatoria de la orden de prisión se basa en un pedido presentado por una asociación binacional de comerciantes minoristas con sede en Sucumbíos.
Aunque este grupo no forma parte del proceso, según explicó el defensor público, Walter Lombeida. Por ello, dijo que esa resolución es nula y será apelada.
“Cuando la situación política con Colombia era conflictiva, se mantuvo la orden de prisión. Pero ahora que las cosas han cambiado, el Juez trata de salirse por la tangente”, manifestó Casares.
El proceso “continúa desarrollándose hasta cuando el fiscal Carlos Jiménez presente su dictamen acusando o absolviendo a los implicados”, señaló Méndez.
El fiscal Washington Pesántez dijo a este Diario que “la Fiscalía continuará con los procesos que le corresponden dentro de sus atribuciones específicas y se manifestará cuando el caso planteado por el Fiscal de Sucumbíos así lo requiera. Se investigan actos ilícitos cometidos en territorio ecuatoriano, cuyos autores deben ser sancionados conforme a las leyes ecuatorianas”. Aclaró que en ningún caso la “Fiscalía entorpecerá las buenas relaciones que históricamente han unido a los pueblos de Ecuador y Colombia”.
Según el jurista Víctor Hugo Cevallos el caso, legalmente, sigue abierto hasta que haya una sentencia o un dictamen fiscal. Pero “a la larga sabemos que este proceso habrá sido un escándalo más porque no va a suceder nada”. Incluso, cree que este fue uno de los requisitos que impuso Bogotá para el restablecimiento de las relaciones bilaterales.
El jueves pasado, durante la reunión de los cancilleres de Ecuador y Colombia, Patiño y María Ángela Holguín, se acordó que en octubre se realizaría la reunión de la Comisión de Asuntos Sensibles, para retomar los diálogos entre los dos países.
Allí se analizaría la entrega de información sobre la operación militar que terminó con un bombardeo, la posibilidad de nombrar a los embajadores de cada país y el juicio a Santos.