El sacerdote José Carlos Tuárez es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) desde el jueves 13 de junio del 2019. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO
Las denuncias de supuestas irregularidades en la hoja de vida del nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, siguen generando reacciones.
El asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, anunció esta mañana que solicitará un proceso de juicio político en contra del funcionario “por haber incurrido en prohibiciones constitucionales, legales y utilización falsa de documentos“.
Villamar manifestó que durante esta semana iniciará con el proceso de recolección de las 35 firmas que requiere al interior de la Legislatura para esta causa, y descartó una “persecución política” como aduce Tuárez.
El contralor General del Estado, Pablo Celi, precisó que al momento no hay un pronunciamiento de este organismo sobre el tema, debido a que no ha sido objeto de un examen especial.
Sin embargo, remarcó que “siempre hay la posibilidad de que investigue cualquier tipo de documento que tenga que ver con cumplimiento reglamentario en el ejercicio de la función pública“.
De su lado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, precisó que a las instancias pertinentes les corresponderá investigar el caso y determinar si amerita una acción, y no descartó pedir que la Fiscalía intervenga.
Explicó que el Pleno del CNE calificó en su momento las candidaturas al Cpccs con base a las declaraciones juramentadas que presentaron los postulantes respecto de no tener inhabilidades, deudas con el Estado o vínculos políticos.
Si se dieron engaños, apuntó Atamaint, hay consecuencias legales.
La semana pasada la Comisión Anticorrupción y un observatorio ciudadano pidieron a la Asamblea que investigue a Tuárez, quien niega haber pertenecido al Partido Socialista. El año pasado, además, fue suspendido como sacerdote en la Iglesia Católica.