Luis Pachala y Jeannine Cruz, asambleístas de Creo, anunciaron ayer el fin del acuerdo. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Una exhalación fuerte y una expresión de asombro, como cuando por descuido se rompe un jarrón en una sala, se escuchó el pasado viernes 31 de enero de 2020 en la Comisión de Fiscalización. Pasó cuando Pinuccia Colamarco (AP) votó en contra de que el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, vaya al Pleno.
“Luego del análisis y de encontrar algunos puntos que para mí son muy preocupantes, pero que no se apegan a cómo se deberían haber planteado, mi voto es en contra”, dijo, tras incorporarse a la mesa apenas segundos antes de que concluyera la votación.
El voto de Colamarco causó desconcierto, sobre todo entre los legisladores de su bancada y de Creo, que querían que el tema se resolviera en el hemiciclo. Ella es alterna de Daniel Mendoza, del bloque de Alianza País (AP) y aliados.
Para que la moción se aprobara se requerían siete votos de 13 integrantes de la Comisión, pero solamente obtuvo seis a favor. También pudo haber incidido el de Karina Arteaga, pero no se presentó en la sala y no envió a su alterno.
La ausencia de Arteaga fue más notoria ya que en la sustanciación fue una de las que más participación tuvo al interrogar a los más de 20 actores que comparecieron, entre ellos Atamaint y el resto de consejeros del CNE.
El caso quedó en el limbo porque tampoco hubo una moción para su archivo, pues no se dio paso a la reconsideración de la votación, propuesta por el socialcristiano Ramón Terán. Así, no se puede replantear lo actuado.
El oficialista Alberto Arias, quien sugirió que el caso vaya al Pleno, se opuso. “Ya las cosas están jugadas”.
Cuatro horas después, el coordinador de la bancada de Creo, Luis Pachala, junto con Jeannine Cruz y dos asambleístas alternos, anunciaba en rueda de prensa el fin del acuerdo que su bancada mantenía con AP y los bloques de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática Independiente (BADI), desde el 14 de mayo del año pasado.
A su vez, el líder de Creo, Guillermo Lasso, le dijo a este Diario que apoyaba el anuncio efectuado por el asambleísta Pachala y que, de ahí en adelante, visualizaba a la bancada de Creo “como un bloque unido e independiente y con franca oposición al Gobierno”.
En la víspera de la reunión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Lasso había tuiteado: “El intento de los funcionarios del gobierno de salvar la imagen de su presidente Lenín (Moreno) es inútil ya que 8 de cada 10 ecuatorianos lo perciben como #ElPeorGobiernoDeLaHistoria. Al no tener una visión de futuro, se quedan persiguiendo a sus predecesores como fantasmas del pasado”.
Así, de alguna forma, ya se veía un distanciamiento con el oficialismo.
“Muy difícilmente se puede revertir esta decisión”, añadió Fernando Flores (Creo), quien junto a su coidearia Jeannine Cruz buscaba que Atamaint fuera interpelada por la Asamblea Nacional.
La coalición apenas estaba superando las tensiones que provocó, a finales del año pasado, el trámite de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno que, en un primer momento, no pasó del Pleno.
En total reunía 78 votos, aunque no todos actuaban orgánicamente, como lo demostró el proceso que tampoco terminó en la censura de la excanciller María Fernanda Espinosa, en junio del año pasado, por falta de cinco votos de la mayoría.
O como cuando en el trámite de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), hubo división de criterios para la despenalización del aborto por violación.
Sin embargo, esta vez para que Creo decidiera romper el acuerdo también influyó el hecho de que el vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero (BADI), se abstuviera de votar al considerar que “no existían los argumentos suficientes” para esta causa.
Además, el independiente Ángel Gende, otro de sus aliados, lo calificó de pedido de “copia y pega” al proceso que impulsaban Cruz y Flores.
“Si alguna vez hubo un acuerdo legislativo, pues ahora ya no lo hay”, insistió Pachala, quien incluso protagonizó un altercado con Azuero en esta mesa parlamentaria.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, expresó su desacuerdo con la decisión de la Comisión de Fiscalización.
“Los 137 asambleístas debíamos debatir en el Pleno para resolver de forma imparcial y objetiva sobre los argumentos presentados. Fiscalización debió abrir la puerta para que esto suceda”, anotó.
La presidenta de esta mesa parlamentaria, Johana Cedeño (AP),consideró que cada quien debe responder por su voto.
En contexto
La moción para que el caso vaya al Pleno requería de al menos 7 votos. Pero solo logró 6 a favor (4 del oficialismo y 2 de Creo), 4 abstenciones (1 del correísmo y 3 independientes) y 2 en contra (1 del PSC y 1 del bloque AP-aliados). La Comisión tiene 13 miembros.