La veeduría que analizó la cancelación de contratos entre Fabricio Correa y el Estado podrá ser condenada o absuelta. A las 10:00, el juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha, Magno Borja Naranjo, realizará la formulación de cargos en contra de Pablo Chambers, José
Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo.
En febrero del 2011, ellos presentaron un polémico informe en el cual llegaron a tres conclusiones. Primera, que el presidente Rafael Correa sí conocía de los presuntos contratos que mantuvo el Estado con su hermano Fabricio. Segunda, que hubo ilegalidades y favoritismos en la adjudicación de estos. Y, tercera, que los montos de los contratos ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio estatal de USD 140 millones.
En abril de este año la fiscal de delitos de Fe Pública, María Elena Bayas, aseguró que los cuatro cometieron un delito de falso testimonio. Pero ellos sostuvieron que existió una persecución política por parte de la Fiscalía. La razón es que fueron citados por Bayas en dos ocasiones, en las que no acudieron argumentando que su trabajo fue la recopilación de los informes de entidades del Estado.
Pero al tercer llamado (29 de febrero del 2012), sí lo hicieron. Fue cuando Bayas no los pudo atender. Ahí, los cuatro veedores presentaron nuevamente el informe y se ratificaron en las conclusiones. También entregaron un CD, en donde presuntamente el presidente Correa reconoce -en una entrevista con Canal Uno- que sí conocía de los contratos.
En este proceso apareció el abogado Ramiro Román, quien se ofreció a defenderlos luego de observar lo que considera un abuso y mal uso del Código Penal. Él dijo qua ha revisado detenidamente la formulación de cargos que pretende hacer la Fiscalía y, a su juicio, se “está haciendo una formulación de cargos sin piso legal”.
Además los veedores iniciaron un peregrinaje por las embajadas de Costa Rica, Panamá y Chile en busca de asilo.