20 de November de 2010 00:00

El juez que maneja los casos a ritmos distintos

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Redacción Política

A la Corte Constitucional (CC) le tomó 41 días percatarse del error que se deslizó en el estado de excepción que el presidente Rafael Correa declaró para Quito, el 9 de octubre pasado.

En el artículo 1 ese documento dispone la vigencia, por 60 días, de la emergencia en todo el cantón, como consecuencia de la sublevación policial del 30 de septiembre pasado. Pero en el artículo 2, dispone la movilización nacional y militar de las FF.AA. para garantizar la soberanía nacional y el orden interno de todo el país.

Esta incongruencia es uno de los cuestionamientos que han recibido los dos estados de excepción que firmó Correa y que, para el caso de la capital, estará vigente hasta el 8 de diciembre.

Las otras críticas han ido desde vacíos de forma hasta temas más polémicos como la presunta afectación a los derechos de libertad de expresión.

El análisis de estas advertencias está en el terreno de la Corte Constitucional. Pero el organismo no ha logrado desvirtuar el membrete de ser otro de los espacios de poder plenamente controlados por el Presidente.

Esta semana sucedieron dos hechos que dan cuenta de la cercanía de su presidente, Patricio Pazmiño, con el Régimen y los diferentes ritmos que impone para conocer los casos.

La lentitud de los magistrados para analizar el segundo decreto de estado de excepción, que rige para Quito, por 60 días así lo demuestra.

Cuando se emitió el primer estado de excepción, el 30 de septiembre, la Presidencia de la Corte Constitucional convocó hasta los jueces suplentes para avalar su legalidad. Los magistrados tardaron un día en avalar la emergencia. Lo mismo sucedió con la ampliación de ese decreto, que dispuso el Gobierno, cinco días después. El trámite en la Corte, para este caso duró tres días.

Pero para analizar el tercer decreto, donde se detectó el error de territorialidad, se esperó 41 días. Se lo hizo el jueves, el mismo día en que este Diario publicara una nota alertando el inusual retraso. Pazmiño dirigió la sesión del Pleno y entonces se decidió dar un plazo de 48 horas para que la Presidencia de la República aclare ese “error” pidiéndole precisar el ámbito territorial del estado de emergencia.

Así lo ordena el art. 164 de la Carta Magna. Pero el requisito no se lo cumplió .

El segundo caso polémico se dio ese mismo jueves. La CC volvió a poner en vigencia la suspensión que recibió Teleamazonas en diciembre del año pasado.

Los jueces, por unanimidad, decidieron dejar sin efecto un fallo de la Corte de Pichincha que favoreció al canal en febrero de este año. Esta resolución contemplaba la concesión de un amparo en favor del canal, y abriendo la posibilidad de que exigiera al Estado una indemnización.

La Corte dijo que los jueces de Pichincha se equivocaron al declarar la inconstitucionalidad de un artículo 80 del reglamento de la Ley de Radiodifusión, porque solo los magistrados constitucionales pueden declarar que una norma viola la Carta Magna.

Si se mantiene la decisión, esta sería la tercera sanción que se impone a Teleamazonas y su situación jurídica se complicaría. Este canal ha sido uno de los más cuestionados por Correa y hace tres semanas fue vendido.

Patricio Pazmiño fue uno de los hombres más cercanos a Rafael Correa, durante su primera campaña presidencial del 2006.

Incluso, fue parte del equipo que asesoró en la redacción del estatuto para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

Su acercamiento con el movimiento oficialista germinó en el 2005. En ese año Pazmiño perdió en el Congreso la contienda para convertirse en Defensor del Pueblo. Pero sus nexos con los hombres fuertes del Gobierno se consolidaron, especialmente con Ricardo Patiño y Correa.

En el 2007, A. País asumió el manejo del Estado y Pazmiño llegó al entonces Tribunal Constitucional. Fue nombrado su presidente y un año después lideró la polémica decisión de convertirse, por su propia voluntad, en Corte Constitucional, el máximo organismo del sistema judicial.

Desde entonces, no han existido sobresaltos ni pugnas entre la Presidencia y la Corte.

Esta sincronía de criterios se ha evidenciado, por ejemplo, en los pedidos del ex presidente Abdalá Bucaram, y del ex vicepresidente Alberto Dahik, quienes han solicitado que anulen los juicios penales en su contra.

Esos expedientes están en el congelador por más de un año. Según Abdalá Bucaram Puley, hijo del ex mandatario, porque Pazmiño no quiere comprometerse. Además, el posible retorno de las dos autoridades es incómoda, incluso dentro de A. País.

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