Jueces suspendidos dieron 3 años a Tapia

En la Asamblea Nacional. Los asambleístas del oficialismo defendieron la validez de la sentencia contra los uniformados y rechazaron la suspensión de B. Cevallos. Foto: EL COMERCIO

En la Asamblea Nacional. Los asambleístas del oficialismo defendieron la validez de la sentencia contra los uniformados y rechazaron la suspensión de B. Cevallos. Foto: EL COMERCIO

En un enredo jurídico derivó ayer el proceso que se sigue en contra del coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, y de otros cinco policías implicados en los hechos del 30-S.

El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos, dispuso la suspensión por 90 días del presidente del Tribunal II de Garantías Penales de Pichincha, Renato Vásquez, y del juez Luis Oswaldo Manosalvas. También dejó sin efecto el encargo que Vásquez hizo a Xavier Andrade, para que actuara como juez ad hoc de ese Tribunal.

Estos jueces condenaron, la madrugada del martes, a Tapia y a los otros cinco uniformados, por haber atentado contra la seguridad del Estado al, supuestamente, haber impedido que la Asamblea Nacional se reuniera el 30-S. Los inculpados esperaban hoy que los tres magistrados dieran a conocer los años de prisión impuestos como sanción, para luego de ello apelar a la sentencia.

La resolución de Cevallos fue firmada el miércoles a las 18:00 a título personal, y sin notificar al Pleno, acogiendo el trámite de suspensión que el abogado de Tapia, Víctor Hugo Cevallos, presentó por la supuesta integración irregular del Tribunal II.

En síntesis, la defensa de Tapia sostiene que Vásquez no tenía la atribución para nombrar a Andrade como juez ad hoc, advirtiendo que el encargo se produjo en complicidad con Manosalvas.

Benjamín Cevallos, quien fue el acusado principal en el fallido juicio político patrocinado por Alianza País, acogió al pie de la letra el pedido de la defensa de Tapia. Por lo que ayer, en horas de la mañana, su despacho se dispuso a notificar a los jueces del Tribunal II sobre su resolución.

Pero todo se enredó. En un inicio, este trámite, acompañado del notario Darío Andrade, debía realizarse antes de que los tres jueces impusieran las penas a los policías de la Escolta Legislativa.

Pero en todo el día los magistrados no asistieron a su oficina. Los funcionarios de la dependencia no dieron explicaciones.

Pese a ello, los tres dictaron sentencia, la misma que fue conocida en horas de la tarde. Tres años de prisión para Tapia, a quien lo encontraron culpable. 18 meses recibieron Patricio Simancas y Mario Flores por complicidad y 12 meses para Marco Tibán, Francisco Noboa y Carlos Tasinchana por encubridores.

Según refiere Carlos Poveda, abogado de Tibán, hermano de la legisladora Lourdes Tibán, la notificación con las sentencia fue conocida recién hacia las 14:30, por lo que a su juicio carecerían de validez, pues Cevallos había ya suspendido a los jueces.

Poveda cree que lo actuado por el titular de la Judicatura deslegitima todo el proceso judicial seguido en contra de los enjuiciados, por lo que el caso debería volver a analizarse, ya sea en el Tribunal II, reestructurado o en una instancia superior.

Pero el ex ministro de la Corte Superior de Justicia, Fernando Gándara, cree que la suspensión de los jueces, por parte de Cevallos, aún no está en firme porque ellos no han sido notificados personalmente. Por esa razón aclara que el fallo del Tribunal II y la respectiva sentencia a los seis uniformados “está en firme”.

Esa posición la comparte el vocal del Consejo de la Judicatura, Ulpiano Salazar. “No importa la fecha con la que haya sido expedido el documento de sanción. Este se hace efectivo desde el momento en que se lo notifica, no antes”.

Mientras el caso se aclara y las partes buscan un tercer espacio de dirimencia, el coronel Tapia continuará en prisión.

Frente a frente

Benjamín Cevallos, titular de la Judicatura , aseguró ayer que él no tiene competencia para declarar la nulidad de lo realizado por ese Tribunal II.

Pero dijo que sí tiene competencia para suspender a sus miembros por 90 días "por no haber estado debidamente integrado".

El vocal de la Judicatura, Ulpiano Salazar, asegura que la decisión de suspender a los jueces del Tribunal II, por parte de Benjamín Cevallos, se adoptó en el marco de sus atribuciones. Pero también, cree a título personal que el juez Vásquez podía nombrar a Andrade.

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