Un diario recoge la versión de un organismo que sostiene que el Gobierno ha gastado equis cantidad en publicidad. El Gobierno piensa que la cantidad a la que se refiere el referido organismo está errada y envía una carta el diario para que se la publique con sus datos. El diario lo hace. Pero el Gobierno no queda satisfecho, pues a su entender el error del diario está en haber publicado una versión que le parece está equivocada. Recurre entonces a un (su) juez quien decide que lo que piensa el gobierno es lo correcto y obliga al diario a disculparse públicamente.
Esto es una historia real: el diario es La Hora y el juez es parte de la reforma que el Gobierno hizo a la (su) justicia.
Ahora imaginemos un caso idéntico y proyectemos lo que puede ocurrir en el futuro: un ciudadano equis hace una denuncia de corrupción estatal y para ello acude a un medio de comunicación. Como los funcionarios están prohibidos de dar declaraciones, la denuncia sale sin la versión del afectado. El afectado envía una carta con su versión y el diario se la publica. Pero como no es suficiente para el agraviado, este recurre a un (su) juez y este obliga al diario a que publique una disculpa.
Así¿quién va a publicar denuncias de corrupción o de cualquier tipo de información que pueda desagradar al funcionario equis?
Lo que ocurre con La Hora es la señal de que será la función judicial y no la ley la encargada de estrangular a los medios independientes del despotismo. Claro, con jueces propios todo es posible, incluso hacer del periodismo una tarea imposible.