Aquiles Rigaíl, vocal del Consejo de la Judicatura transitorio, explica la situación de las construcciones de la función judicial. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Aquiles Rigaíl, vocal del Consejo de la Judicatura transitorio (CJ), agregó “elementos de convicción” a los contratos de construcción de obras y de fiscalización, en los que el organismo encontró indicios de irregularidades y que deberán ser auditados por la Contraloría General del Estado.
Lo hizo la mañana de este viernes 28 de septiembre del 2018 en Guayaquil. En rueda de prensa explicó que hay “sobreprecios escandalosos” que llegan hasta un 72% como es el caso de la Unidad Judicial Latacunga que fue contratado por USD 7,14 millones. Según el vocal, el excedente en esta infraestructura sumaría USD 5,14 millones.
Pero también comentó que otras irregularidades se identificaron las áreas de dependencias judiciales comparadas con números de funcionarios. Para ello se hizo un análisis de 66 unidades judiciales construidas. De ellas, 43 estarían sobredimensionadas.
“En el cantón Balsas, por ejemplo, que tiene apenas seis funcionarios tiene tres mil metros cuadrados de construcción, es decir parece una cancha de fútbol y hay poquísimos funcionarios. Hay otros cantones en los que se nota el desperdicio, el derroche de los dineros”, dijo.
La actual administración transitoria pidió la auditoría luego de identificar indicios de irregularidades. Así, la Contraloría debe analizar 87 contratos de construcción de obras y 71 de fiscalización. Estos fueron suscritos por el Consejo de la Judicatura (CJ) en los períodos 2011-2013 y 2013-2018, por un monto de USD 313,1 millones.
La Judicatura informó que Al menos 43 de 66 unidades judiciales estarían sobredimensionadas este viernes 28 de septiembre del 2018. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Según Rigail, hay al menos USD 160 millones que “en excesos, que se han distraído de manera rara”.
En la jornada, José Cisneros, coordinador de Infraestructura Civil, de la Judicatura, explicó que tras la investigación se determinó que al menos 35 contratos aún no se han cerrado.
Refirió que entre el 2011 y 2012 se suscribieron 56 contratos para 111 proyectos por un monto de USD 10,15 millones. La irregularidad inicial, dijo, se constató que se otorgó únicamente entre 15 y 60 días de plazo para su entrega lo que “es materialmente imposible”.
“Aquí viene algo rarísimo, para un contrato de diseño se necesita más tiempo que 15 días, ¿pueden creer que un contrato como Florida Norte se demore 15 días el diseño incluido la aprobación de planos? Es imposible”.
Esa premura, acotó, trajo consecuencias porque “los diseños no fueron lo que se esperaba”. Entre ellos, retrasos, suspensiones, incremento de costos, construcciones deficientes, rubros extracontractuales.
En la falta de fiscalización, añadió, se han identificado el inicio de construcciones sin contar con estudios y diseños completos lo que derivó, entre otras cosas, en edificaciones deficientes. Citó como ejemplo el complejo judicial Florida Norte, en el que las tuberías de agua potable no tienen especificaciones técnicas adecuadas. “También la Fiscalización tendrá que responder”.
Cisneros denunció, además, que se ha constatado que dentro de las obras de emergencia judicial en el 2011 cinco primos del expresidente del entonces Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez Molina, figuraron como superintendentes de obra y personal técnico de una empresa que, a costo de USD 20,8 millones, remodeló el edificio de la Corte Provincial de Guayaquil.
También, explicó que hay nexos familiares en otros cuatro contratos para remodelar las unidades judiciales del Albán Borja, Milagro, Guayaquil Centro y Samborondón. “Es decir, si vemos y hacemos el análisis todos los contratos terminaron manejándose por esa constructora (…) en la nómina estaban los primos del ese entonces presidente del Consejo de la Judicatura”.
