Contagios de covid-19 y hospitalizaciones aumentan …
Pekín deja los tests negativos de covid
Siete incursiones armadas se han registrado en centr…
¿Qué es la influenza? Los casos aumentan en Ecuador
Un militar y dos civiles procesados por tráfico de drogas
CNE aprobará convocatoria a la consulta popular este…
¿Hasta cuándo se paga el decimotercer sueldo en Ecuador?
Acusado por sobornos en Petroecuador enfrenta cargos…

Jorge Escala busca enjuiciar al Ministro Richard Espinosa por compra de renuncias

El asambleísta de MPD, Jorge Escala. Julio Estrella/EL COMERCIO

El asambleísta de MPD, Jorge Escala. Julio Estrella/EL COMERCIO

El asambleísta ecuatoriano, Jorge Escala (MPD), planteó hoy la posibilidad de iniciar un juicio político al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, por la compra de renuncias obligatoria a más de 2 700 servidores públicos.

Escala busca obtener las 33 firmas que ordena la ley de la Función legislativa para enjuiciar políticamente al ministro Richard Espinosa. "Es evidente la violación de la Constitución. La Constitución garantiza el derecho al trabajo, y plantea que impulsará el pleno empleo y la eliminación del desempleo". "Lo que está ocurriendo es que hasta el mes de diciembre 5 000 profesionales médicos, especialistas y cirujanos en el Ecuador, los van a lanzar a la desocupación" afirmó el asambleísta en una entrevista televisiva.

El Gobierno aplicó masivamente la compra de renuncias obligatorias el 28 de octubre pasado, con base en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. La norma, publicada en el Registro Oficial el 12 de julio de este año, reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), lo cual abrió la puerta para que el Ejecutivo emprenda lo que denominó "cambio generacional" en la burocracia.

El cambio en la Ley no fue tarea fácil, principalmente porque la Asamblea Nacional rechazó el mecanismo de compra de renuncias, establecido en la transitoria décima del veto a la Losep.

Fue entonces que Espinosa, junto al equipo legal del Ministerio y de la Presidencia de la República, buscaron una salida jurídica para poder aplicar el mecanismo desechado por los legisladores, entre los cuales hubo asambleístas del propio oficialismo.