31 de August de 2012 00:03

Jiménez, a juicio sin permiso de Asamblea

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Las opiniones de Emilio Palacio, con relación a la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010, no son las únicas que se han ventilado en la Justicia. El legislador Cléver Jiménez (Pachakutik) y otros dos activistas también están en la mira del Presidente de la República.

Jiménez anunció una acción penal contra la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Lucy Blacio. El argumento es que ella habría violado la Constitución por haber dado paso al enjuiciamiento penal contra el legislador sin que existiera la autorización de la Asamblea de levantarle la inmunidad parlamentaria .

Esta demanda fue planteada por el presidente Rafael Correa, el 24 de julio pasado, en respuesta a la denuncia presentada por Jiménez, el ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, de la Federación Médica Ecuatoriana, por los hechos del 30 de septiembre.

Los tres acusaron al Jefe de Estado de haber cometido supuestos delitos de lesa humanidad, por la balacera que se produjo en el Hospital de la Policía, la noche ese 30 de septiembre.

Sin embargo, esa denuncia fue archivada en la Corte Nacional por pedido del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga. Es decir, nunca llegó a la etapa de juicio, por lo que según el artículo 494 del Código Penal, esta acción perdería fuerza al punto de ya no ser considerada como supuesto delito. Pese a ello, el Jefe de Estado insistió en el juicio penal contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa. La razón: haber “propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiese sido probado durante el juicio”. Este delito implica una sanción de tres meses a tres años de prisión.

El 28 de agosto pasado, la Corte notificó a las partes del proceso instaurado por Correa. Y estableció que hasta el 6 de septiembre próximo, los tres imputados deberán presentar las pruebas de descargo. “Es una resolución ilegal. La Jueza violó la Constitución al haber dado paso al juicio sin que existiera la aprobación del Legislativo”, manifestó Jiménez.

El artículo 128 de la Carta Magna señala que “para iniciar causa penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea, excepto en los casos que no se relacionen en el ejercicio de sus funciones”.

Este es el argumento que tomó Blacio para dar paso al enjuiciamiento penal de los tres. Jiménez cuestionó la decisión y dijo que la denuncia la presentó en calidad de asambleísta y en “defensa de los intereses ciudadanos”.

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