El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba es acusado por la justicia argentina de una supuesta campaña sucia, durante las pasadas elecciones a la Alcaldía de Buenos Aires.
La jueza federal argentina, María Servini de Cubría, decidió iniciar un juicio en contra de Durán, por la presunta violación del artículo 140 del Código Electoral, que contempla penas de hasta dos años de prisión, por “inducir al voto mediante el engaño”.
Durán Barba es considerado el “gurú” del jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien hoy es uno de los mayores opositores de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La indagación se inició en noviembre pasado, luego de que el candidato del oficialismo, Daniel Filmus, denunciara una serie de llamadas telefónicas, a manera de encuesta, que supuestamente realizaron empresas vinculadas a Durán Barba y sus dos socios.
En dichas encuestas, se preguntaba a la gente si sabía que el padre de Filmus (Salomón) era arquitecto y que tenía negocios con Sergio Schoklender, acusado de estafas millonarias al Estado en planes de vivienda que llevaban adelante las Madres de la Plaza de Mayo. A continuación preguntaba si conociendo ese hecho, votaría aún por Filmus. El problema es que Salomón no es arquitecto, tiene 87 años y es jubilado.
La jueza Servini de Cubría decidió también procesar a los socios de Durán Barba, José Garat y Rodrigo Lugones.
Para Filmus, la decisión de la Jueza es “un paso importante para la justicia”. Pues “existen pruebas contundentes: se allana un lugar que tiene un cartel y toda la papelería dice ‘Durán Barba & Asociados’, encuentran las grabaciones en las computadoras (que aportan a la denuncia), que la empresa telefónica confirma que hubo una triangulación de llamadas con una compañía radicada en Estados Unidos”, manifestó.
En la investigación se determinó la realización de 30 llamadas telefónicas, que perjudicaron a Filmus. “Yo no actué con las primeras 29 porque eran políticas, aunque también parte de una campaña sucia, pero no se metían con mi familia”, aclaró.
Sin embargo, para el consultor ecuatoriano esto es “una persecución política previsible de un gobierno autoritario”. Desde México, en donde asesora a Miguel Ángel Mancera, candidato del Movimiento Progresista al Gobierno del Distrito Federal, Durán Barba dijo a este Diario que “nosotros enviamos a la Jueza películas certificadas en las cuales se ve, grabados por las cámaras de seguridad, la intervención de agentes de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), cómo manipularon las computadoras e introdujeron información. A pesar de esto, la Jueza procede de este modo por razones políticas”, cuestionó.
Pero la magistrada Servini de Cubría fundamentó su resolución en que desde las consultoras TAG Continental, Conectic SRL y NSS, vinculadas a Lugones y Garat, allanadas el año pasado, se realizaron aquellas llamadas a través de servidores localizados en Estados Unidos.
La decisión judicial no inmuta a Durán Barba, y dice que era algo que esperaba. “Creo que en la Argentina hay jueces que proceden según consignas políticas. Seguiremos dando pelea, exhibiremos las películas y las pruebas de que intervinieron en las computadoras. No hay ninguna razón para que ellos puedan perseguirnos si no es porque yo soy uno de los elementos que está en la oposición democrática a un gobierno autoritario”, manifestó.
Por ello, anunció que va a iniciar un juicio penal en contra de quienes presuntamente introdujeron información en el proceso.
“Vamos a ganar este juicio porque es una cosa totalmente inventada por un candidato que no tenía ninguna posibilidad”, afirmó.